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Especialistas aseguran que en Argentina existe un “modelo mixto”, con participación tanto de los privados como del Estado.
El rol del Estado en el financiamiento de los microemprendimientos y la necesidad de interacción de distintos organismos para mejorar el acceso al crédito del sector productivo de menor escala fue debatido ayer en un seminario en Buenos Aires. El tema fue analizado en un panel que se realizó en el marco de un seminario internacional organizado por el Fondo de Capital Social (Foncap), del Ministerio de Economía.
En este marco, Daniel Higa, de la ONG Planet Finance, describió el financiamiento de la microempresa en diversos países latinoamericanos y dijo que en Argentina se asiste a un “modelo mixto”, con participación del Estado y de los bancos.
Explicó que mientras en Perú se desarrolló el financiamiento por medio de cajas municipales y rurales, en Chile la asistencia parte de los bancos. “No hay un modelo único. Cada país tuvo su estrategia. En Argentina el rol del Estado es importante”, dijo.
A su turno, Gustavo Tito, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), habló del financiamiento de la agricultura familiar, que fomenta actividades como la producción del tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar, mandioca, batata y papa.
Sostuvo que las pequeñas empresas familiares no acceden a líneas crediticias por parte de los bancos, por lo que se deben autofinanciar.
En tanto, la economista Marta Bekerman, quien es profesora de la Universidad de Buenos Aires y preside la Asociación Civil Avanzar, que otorga microcréditos a emprendedores urbanos, dijo que el desafío es “cómo llegar al más pobre y no dejarlo en el camino”, y “entender los problemas de determinadas cadenas como la de la producción textil o la alimentaria”.
“Es necesario el apoyo del Estado a través de fondos destinados a las ONG y la interacción de distintos organismos gubernamentales para que las microfinanzas no sean un sector excluido y marginal”, consideró.
También sostuvo que en los países de mayor desarrollo económico es menor la expansión de las microfinanzas.
En este sentido, cuantificó que mientras que en Argentina hay 3.700.000 microempresas, en Bolivia hay 8.700.000 pequeños emprendimientos.
Reconoció que en Argentina los bancos no prestan atención al microcrédito y falta regulación para lograr la expansión de ese tipo de préstamos.
En tanto, el consultor boliviano Pablo Rosel dio a conocer el estado de las microfinanzas en su país, y destacó el rol del Banco de Desarrollo Productivo que atiende a pequeños productores.
Por su parte, Javier Rodríguez, de la cooperativa jujeña Cauqueva, se quejó de la cultura clientelista que existe en algunas regiones para el otorgamiento de préstamos productivos.
En tanto que Patricia Fernández, que perteneció a la agrupación de emprendedores Red Gesol y actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami), bregó por una distribución equitativa dentro del territorio nacional de los microcréditos, y opinó que el Estado debe “cogestionar” el otorgamiento de préstamos a pequeños emprendedores.
