La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizó a la Argentina por no esclarecer el atentado a la AMIA, en el marco de la demanda que impulsó la agrupación Memoria Activa por las irregularidades en la investigación.
Lo hizo basándose en la aceptación del Estado, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández, de las “múltiples falencias” en la determinación de la verdad histórica sobre el ataque y su responsabilidad en su encubrimiento, así como de las dificultades los familiares de las víctimas para acceder a información sobre el caso.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo el tribunal regional, que le ordenó al Estado que indemnice a los accionantes.
La denuncia de Memoria Activa, apoyada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), criticó la anulación, en 2004, de la investigación judicial original y la absolución de los policías acusados falsamente. El CELS destacó que esto reflejó el encubrimiento y la desviación de la pesquisa.