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Uno de los bienes colectivos esenciales, para garantizar derechos humanos básicos, es la libertad de expresión, sin discriminaciones, ya que es un derecho fundamental del espíritu de las personas y opera como garantía para ellas y la sociedad. En función de ello, la comunicación y la información constituyen un “bien social” a defender colectivamente, ante el Estado y por el Estado.
A su vez, los medios de difusión, junto a los periodistas y las periodistas, que canalizan dicho derecho humano básico, son un instrumento vital en el desarrollo de las comunidades y tienen una representación implícita de la sociedad, en el ejercicio del derecho a expresarse y a saber.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, sostuvo que, en la actualidad, “los medios masivos de comunicación son los que hacen realidad el ejercicio de la libertad de expresión”.
Tan es así que la Constitución Nacional, en su reforma del año 1994, determinó que, el Congreso Nacional se encargará de dictar leyes “que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado … que protejan la identidad y pluralidad cultural” y “los espacios culturales y audiovisuales”, (art. 75, inc. 19 CN).
Lo referido es de particular importancia, razón por la cual, en el año 2003, se dictó la ley nacional 25750 que determinó que “la política del Estado nacional preservará especialmente”, entre otros bienes culturales, “los medios de comunicación”, (art. 1, inc. d).
El objetivo de la ley de protección de los bienes culturales también implicaba la necesidad de preservar diversas expresiones de la realidad del país, con sentido nacional y federal.
El Gobierno ataca bienes culturales
Lo antes referido es fundamental, sin embargo, el presidente Javier Milei, en la llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que presentó en un primer momento, conocida como la “ley ómnibus”, propuso como empresas a privatizar a la Agencia Telam de noticias. Luego ha buscado eliminarla ilegalmente, en función del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que es nulo absoluto e insanable.
También en dicho proyecto se proponía privatizar la Radio y Televisión Argentina SE (RTA) y violando la autonomía universitaria, incluyó como bien del Estado Nacional a privatizar, a la Radio de la Universidad Nacional del Litoral SA y a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba SA (SRT).
Después, en el nuevo proyecto de “Bases” presentado, ya que el anterior se retiró por el oficialismo porque no obtuvo mayoría, solo se dejó para privatizar por la nación a RTA (radios nacionales y la TV Pública). Esto es grave, ya que los medios que abarca son importantísimos para la integración nacional y al acceso a la información en todo el país, con sentido federal. A su vez, no se puede dejar que medios estatales queden sometidos sólo a las reglas del mercado, hay intereses superiores a tutelar en ellos.
El papa San Juan Pablo II, al respecto, sostuvo que, “con el nuevo capitalismo el Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales” (carta encíclica Centesimus Annus).
Además, el Gobierno de Milei, sin justificación, cerró las redes sociales de todos los medios públicos, incluidos los canales de televisión educativos. De esa manera, se destruyó los espacios públicos en las redes sociales en Internet.
Defender los SRT de la UNC
En lo que hace a la Radio de la Universidad Nacional del Litoral han dicho las autoridades de dicha universidad que se harán cargo del funcionamiento de la misma y no se privatizará.
Mas, para dolor de los cordobeses, no pudimos festejar la no inclusión en la nueva ley Bases de los SRT ya que las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), decidieron achicar y prácticamente hacer desaparecer la presencia del multimedio, con lo que ello significa para la cultura de Córdoba. Dicho medio cuenta con la señal de televisión abierta Canal 10, que también está incluido en la Televisión Digital Abierta (TDA), junto al Canal “U”; Radio Universidad (AM 580); Nuestra Radio (FM 102.3), más su página web de noticias Cba24N y sus redes sociales en Internet.
Todo ello deja en claro que, cuando se ha aplicado en el país la ley 25750, de defensa de los bienes culturales, sólo se ha buscado garantizar, especialmente, la preservación del capital y las ganancias de las grandes empresas comunicacionales como cuando, en su momento, esa norma le permitió al Grupo Clarín poder licuar sus pasivos en dólares, con motivo de la crisis del año 2001. Pero ahora, se desarman y dejan morir a los otros medios e incluso, el Estado quiere deshacerse de prácticamente de todos los que posee como si fueran innecesarios, afectando la democratización de la palabra, el respeto a las audiencias y no asumiendo la necesidad que haya medios públicos que ayuden a la construcción cívica.
El periodismo le da el sentido cultural al medio
A su vez, respecto de los llamados bienes culturales no se puede dejar de hacer presente que, en la conceptualización de ellos, hay que cuidar a los periodistas y las periodistas que le dan el verdadero contenido cultural, a la información y al ejercicio de la libertad de expresión. Las computadoras, las consolas de edición, las antenas, las cámaras, los edificios y demás objetos del inventario empresarial de los SRT, no sirven para conformar un bien cultural, son sólo soportes. Mas la perspectiva neoliberal hace valer la rentabilidad económica, por sobre otros conceptos y valores a contemplar. Como resultado de ello, se han despedido u obligado a retiros voluntarios y a jubilaciones anticipadas a muchos trabajadores que logran hacer posible las emisiones y a gran cantidad de periodistas, valiosos/as que constituyen su esencia y dan la personalidad al multimedio SRT, que hay que preservar.
De esta forma, Córdoba va perdiendo una voz fundamental, que hace a su ser social, su historia y personalidad. Lamentablemente, esto se produce, de la mano de la propia Universidad que le dio vida y lo cobijó. Incluso, ahora han dicho sus autoridades universitarias, que el reajuste para gastos de 270% que les otorgará el Gobierno nacional, tampoco se va a coparticipar para los gastos de los SRT.
Las autoridades provinciales deben tomar partido en la situación, y hacer su aporte al tema, atento que la Constitución de la Provincia de Córdoba determina, que “la información y la comunicación constituyen un bien social”, (art. 51). Tienen la obligación de no ser indiferentes y defender a los SRT, como el bien social que pertenece a la vida y la personalidad propia del pueblo cordobés, indisolublemente unido, a lo que significa nuestra UNC, con 411 años de presencia, la más antigua del país y una de las primeras de América.
(*) Abogado constitucionalista
