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Los gobiernos de América Latina y el Caribe han lanzado una irracional carrera armamentista que no tiene parangón en su historia. El hecho en sí mismo es una locura que se acrecienta cuando enfrentamos la realidad social de los países implicados.
¿Qué razones públicas o secretas motivan a los Estados a destinar cada día mayor presupuesto a la guerra por venir? ¿Quiénes promueven esa decisión y qué funcionarios gubernamentales fungen de vendedores vocacionales a cambio de enormes comisiones que ofrecen los fabricantes de armamentos?
El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri) -página a la que solemos recurrir con asiduidad- alertó en abril de 2024 sobre un incremento sin precedentes del gasto militar en el mundo. Alcanzó 2,44 billones de dólares en 2023, empujado por las guerras en Medio Oriente y Europa.
La cifra del gasto es tan grande que Moisés Naím (1) recordó, alarmado, en una reciente columna en el diario El País, que con el mismo monto se lograrían cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidas por Naciones Unidas en 2015 y calculadas en tres billones de dólares.
En medio de las tensiones crecientes América Latina no aparece en el escenario como una excepción. Las partidas destinadas a la compra de armas e implementos propios para sostener una guerra crecen de manera sideral. Aunque no exista conflictos declarados en un territorio marcado históricamente por la desigualdad, la violencia.
Brasil incrementó 10,24% su presupuesto de defensa en 2023, comparado con el año anterior. Otros países hicieron lo mismo: México, 14,88% en el mismo período y Colombia, 9,71%. El primero suma 11.825 millones de dólares de presupuesto y el segundo, 10.701 millones de dólares.
Argentina, sin la necesaria consulta al Congreso Nacional, ha dado pasos importantes en su política de rearme de las Fuerzas Armadas. Anunció la firma de un contrato para la adquisición de aviones F16 de origen estadounidense. Mientras esto sucede, busca ofertas para adquirir un submarino y barcos de guerra en buen estado.
Hay otra cuestión que llena de alarma a quienes abrazamos las políticas de desarme y militamos en el antibelicismo. El Ministro de Defensa no ha ofrecido explicaciones acerca de los peligros que asoman en el horizonte argentino para embarcar a la nación en una alianza militar que siempre ha favorecido a las naciones hegemónicas.
Por todo ello, y a la espera de la palabra oficial, preguntamos: ¿por qué las autoridades argentinas no explican cuáles serán las obligaciones económicas, militares -tropas en el frente de combate- que contrae el país al solicitar su incorporación como Socio Global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)? ¿No alcanzan para reflexionar las respuestas conseguidas por Argentina tras la aventura menemista en la guerra del Golfo?
Muchos expertos se asoman al espejo del pasado para explicar lo que sucede en una región donde se identifican dos ámbitos preferentes en el uso de los fondos castrenses dirigidos a la seguridad ciudadana o la represión con fines políticos como pasa, por este tiempo, en México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Haití y algunas otras naciones situadas en el mar Caribe.
La justificación y legitimación que hace un país de la decisión de adquirir armamento dependen de su visión del contexto. Los casos más obvios de interacción son aquellos en los que la paz se da por descontada o en los que la guerra es inminente.
La experiencia comparada ofrece datos de suma importancia. Cualquier compra de armamento que efectúe un miembro de la Unión Europea se justifica internamente -y así lo perciben los países vecinos- como reemplazo de material o una modernización militar; es decir, una acción que no fomenta la percepción de amenaza.
Por el contrario, en aquellas regiones donde el conflicto se percibe como inminente una adquisición de armas es interpretada como un rearme y suele desatar conflictos diplomáticos mientras se disparan carreras armamentistas.
Los países de América del Sur han adquirido toda clase de equipamiento militar en los últimos años. Aviones de combate, submarinos, buques y tanques han sido incorporados a las distintas Fuerzas Armadas.
Los mayores compradores han sido Chile y Venezuela. Ambos mantienen conflictos territoriales que en el pasado desataron guerras o conflictos armados y que en la actualidad provocan, esporádicamente, enfrentamientos diplomáticos y verbales de distinta magnitud.
Esta combinación de grandes compras de armamento y conflictos territoriales pendientes parecería configurar un escenario ideal para la agudización de los dilemas de seguridad, la implementación de políticas de rearme y el desarrollo de carreras armamentistas.
La Unesco, desde la acera opuesta, ayuda a los Estados miembros y a los especialistas en el desarrollo de investigaciones sobre la paz. Entre los sectores prioritarios de tales investigaciones, ha dedicado especial atención al estudio de los aspectos sociales y económicos de la carrera armamentista y del desarme.
A este respecto, cabe señalar que, en su 19ª reunión, la Conferencia General de la Unesco observó que “el fortalecimiento de la paz se ve obstaculizado seriamente por la persistencia de la carrera armamentista, la cual absorbe centenares de miles de millones de dólares, representa una carga terrible para la economía de los Estados, impide la utilización de sumas enormes con fines pacíficos y constructivos, ejerce una influencia nefasta en la lucha de los pueblos por su emancipación nacional y social, y frena la solución de muchos problemas socioeconómicos”.
La mayor parte de la gran masa de materiales publicados sobre los aspectos sociales y económicos del desarme no resulta de fácil acceso en muchas partes del mundo.
La III Cumbre de Unasur, realizada el 28 de agosto de 2009 en Bariloche, dejó datos inquietantes que deberíamos actualizar. El entonces presidente peruano Alan García señaló que la región gasta 38 mil millones de dólares anuales en Defensa (otros estiman 51 mil millones de dólares).
Colombia y Venezuela -más allá de acuerdos transitorios- protagonizan la más conocida de las carreras armamentistas de la región. Pero mientras Colombia compro material para equipar a sus fuerzas antiguerrilleras (helicópteros de transporte de tropas, aviones livianos de ataque a tierra), Hugo Chávez Frías respondió con la adquisición de 24 cazabombarderos rusos Sukhoi 27, cien mil fusiles Kalashnikov y varios batallones de tanques, también rusos.
Colombia, con una flota de cazas Mirage de los años 80, nada puede hacer frente al nuevo poder aéreo de su vecino. A la vez tiene las tropas de infantería más entrenadas y experimentadas de la región, lo que hace casi imposible una invasión venezolana.
En Sudamérica también preocupa Chile, otro gran comprador de armas, lo que inquieta especialmente a Perú, con quien mantiene un litigio limítrofe.
El problema con Chile es que mantiene una dinámica de compras que inquieta a sus vecinos y que éstos no pueden equiparar. Diez cazas F-16 de última generación, más otros 28 usados pero modernizados, tanques alemanes Leopard II, también usados pero de lejos los más potentes de la región, dos submarinos franco-españoles Scorpene, también sin competencia entre las marinas sudamericanas, son las compras más vistosas pero no las únicas de Chile en estos años.
La llamada ley del cobre de Chile da autonomía a sus fuerzas armadas para sus compras de armas. Así, la adquisición de equipos no depende tanto de una política del Ejecutivo sino de los altibajos del precio internacional del cobre y de la decisión autónoma de la cúpula militar.
(1) Ministro de Industria y Comercio, director del Banco Central de Venezuela durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y director Ejecutivo del Banco Mundial. Miembro del Carnegie Endowment for International Peace y Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2011
“Los países imperialistas se resisten al desarme, porque necesitan las armas para chantajear, para oprimir, para intervenir y para saquear”.
Fidel Castro
