ESCUCHARPor Ian Vásquez * (Para El Comercio, de Perú)
Con el fin de dar un paso definitivo hacia el totalitarismo y aplastar a la oposición que goza de un apoyo popular abrumador, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro ha preparado un proyecto de ley fascista.
Irónicamente, tiene el siguiente nombre: “Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares”. El régimen se identifica como socialista, pero, dado que los extremos de izquierda y derecha comparten más similitudes que diferencias, se le puede perdonar al observador si se le ocurre que lo de Venezuela es un fascismo.
Un diccionario popular define el fascismo de la siguiente manera: “Una filosofía política, movimiento o régimen que exalta la nación y a menudo la raza por encima del individuo, y que defiende un gobierno autocrático centralizado encabezado por un líder dictatorial, una severa regimentación económica y social, y la supresión por la fuerza de la oposición”.
El socialismo del siglo XXI de Venezuela es casi todo eso con su incesante llamamiento a la soberanía nacional (léase, más poder al Estado por sobre los individuos). Pero, en el país que creó un Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo en plena crisis económica, humanitaria y social, el lenguaje no importa.
De hecho, tal como observó George Orwell el siglo pasado, el lenguaje político está diseñado “para hacer que las mentiras suenen verdaderas, y los asesinatos, respetables, y para dar una apariencia de solidez al puro viento”. Mientras más extremas las tendencias políticas, más extremas las mentiras.
Es así que la ley habla de garantizar “el ejercicio democrático, la tolerancia y el respeto recíproco” ante expresiones fascistas. Que estas expresiones explícitamente incluyan el “neoliberalismo” -concepto en el polo opuesto del fascismo- tampoco importa. El punto es degradar el lenguaje, tal como también observó Orwell, para así empobrecer el pensamiento.
¿Qué dice la ley contra el fascismo? Se prohíben mensajes que denigren la democracia o “reproduzcan la cultura del odio”. Se prohíben reuniones o manifestaciones que promuevan el fascismo. Se prohíben organizaciones sin fines de lucro que hagan lo mismo. Se obliga a los medios a difundir mensajes “dirigidos a promover el ejercicio democrático” y a cerrar los que no cumplan con esta imposición. Las penas serán de hasta 12 años de prisión.
Quien interpretará el vago y contradictorio lenguaje de la ley será el Ministerio Público. El poder arbitrario y absoluto que esta ley le dará al régimen hará de una dictadura una tiranía totalitaria.
Por si fuera poco, se viene una ley sobre ONG que ejercerá control sobre ellas, nuevamente determinando a su manera si sus actividades y fuentes de financiamiento son aceptables o no.
Detrás de todo esto está la aplastante popularidad de María Corina Machado, que ganó las primarias a escala nacional y fue inhabilitada por el régimen. Machado, por cierto, hace un llamado a regresar a la democracia mediante elecciones, para establecer una sociedad abierta basada en la tolerancia, una economía libre y el Estado de derecho.
Por el hecho de que Machado promueve tales ideas y anuncia que llegará con ellas “hasta el final”, la vicepresidenta de Venezuela la compara con Hitler. Según la número dos del régimen, el líder nazi “llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo, y hoy se repite la historia”.
Después de haber acosado por años a Machado y encarcelado a sus colaboradores políticos, la patética dictadura venezolana está anunciando que lo que viene es el fascismo totalitario, signo seguro de su total falta de legitimidad.
(*) Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Coautor del Human Freedom Index.
