Denuncias y represión, la dura advertencia del Gobierno a los trabajadores de ATE

El Gobierno nacional monitorea el accionar de los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que inician hoy un nuevo plan de lucha contra los despidos masivos de empleados públicos.
Al respecto, en Balcarce 50 anticiparon que ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
Un importante funcionario de la gestión libertaria analizó la metodología del gremio en el marco del reclamo y rechazó el ingreso de los trabajadores cesanteados a sus lugares de trabajo. “Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda”, argumentó la misma fuente.
“Mientras se respete la la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, planteó ante la agencia Noticias Argentinas.
En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que los trabajadores que ocupen oficinas a pesar de sus despidos serán denunciados penalmente. “Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”, remarcó.
“Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, puntualizó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).
El funcionario hace referencia al artículo 181 bis del Código Penal que establece penas de 3 a 5 años de prisión al que “empleare violencia o intimidación sobre las personas, turbare, destruyere u alterare los términos o límites de la cosa inmueble, para ocupar la misma despojando total o parcialmente de la posesión o tenencia, o del derecho real constituido sobre él”.
Fue el propio presidente Javier Milei el primero en alertar que “no va a dejar pasar” la ocupación de edificios, lo que llevó al titular de ATE, Rodolfo Aguiar, a responsabilizarlo por las consecuencias de la represión. “Delito no es lo que vamos a hacer, delito es gobernar a espaldas del Congreso, contrariamente a la Constitución nacional y perjudicando al pueblo”, contestó el sindicalista en una entrevista televisiva.
Por la mañana, efectivos de la Policía Federal, Prefectura y la Gendarmería rodean los ministerios y edificios públicos. A pesar de la directiva, en Casa Rosada no se observa un refuerzo de seguridad a la habitual.