ESCUCHARLa Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación busca optimizar las prácticas forestales y atraer nuevas inversiones al sector foresto-industrial; especialmente, en los mercados internacionales de bonos de carbono.
Los bonos de carbono son documentos que representan una tonelada de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Son generados por alguien que motorizó un beneficio ambiental que se puede comercializar. Los pagan los emisores de gases de efecto invernadero, que requieren mejorar su balance de carbono, ya sea de manera obligatoria o voluntaria.
Según el tablero de plantaciones forestales disponible en el sitio web de la repartición, en la Argentina hay a la fecha 1.250.529 hectáreas (ha) de bosques cultivados (60,96% pinos; 25,94% eucaliptos; 6,46% sauces y álamos; 3,52% nativas y 3,11% especies varias).
El 84% se concentran en las provincias de Corrientes (437.820 ha), Misiones (401.278 ha), Entre Ríos (128.648 ha) y Buenos Aires (81.654 ha). Les siguen Neuquén (67.335 ha); Chubut (37.235 ha); Córdoba (21.950 ha); Río Negro (14.922 ha); Jujuy (14.739 ha) y Santa Fe (8.845 ha).
SIR
Agricultura pondrá en marcha la plataforma Sistema Integrado de Reforestación (SIR), una aplicación webGIS, creada con software libre, para apoyar a entidades públicas nacionales, provinciales y municipales, a profesionales del sector y a la ciudadanía en general, para llevar un registro sistemático de la distribución espacial de las plantaciones forestales en todo el territorio.
Según detalló la Secretaría en un comunicado, la información se almacenará en una base de datos geográfica y se presentará a través de un tablero de control que facilitará la visualización de mapas y gráficos temporales.
Indicó que este sistema posibilita monitorear de manera analítica y visual la evolución a lo largo del tiempo de las hectáreas implantadas y la cantidad de carbono almacenado en las masas forestales, según los cálculos y estándares del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
La modernización del registro con la plataforma SIR lo tornará integral, porque fusiona datos de diversas fuentes. En términos productivos, se espera que permita impulsar mejoras en la gestión sostenible de los bosques cultivados.
La aplicación permitirá un monitoreo detallado y visual de las áreas de plantación, ofreciendo cálculos precisos sobre el almacenamiento de carbono en las masas forestales y datos relacionados con el empleo generado y las inversiones realizadas en el sector.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la potencialidad para almacenar carbono en suelos forestales aún está poco explorada.
La instalación de la plataforma SIR será digital, alojada en los servidores informáticos de la Secretaría, y podrá visualizarse a través del sitio web de la Dirección de Producción Forestal.
Marzo de 2023
Hace poco menos de un año, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral divulgó un relevamiento sobre el interés de los productores argentinos en los mercados de carbono. Lo hizo en un apartado especial del AgBarometer Austral.
El centro de investigación –un grupo especializado que impulsa, desde Rosario, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias- hizo una encuesta en marzo de 2023 y concluyó que, aunque la crece la tendencia en el mundo para que los productores puedan validar el “secuestro de carbono” en la agricultura, comercializar y generar una fuente adicional de ingresos, en el mercado argentino el mecanismo es “incipiente” y el sector no cuenta con la información adecuada.
Según explicó, la consulta se orientó a relevar el grado de comprensión de los empresarios respecto a la posibilidad de certificar y comercializar bonos de carbono.
La mitad manifestó que no tener conocimiento alguno sobre el tema; el 32% dijo que tiene interés en la posibilidad de operar con bonos de carbono y el 18% respondió que no le interesaba.
Mediano plazo
Entre los interesados en el tema (32%, 123 productores), respecto a la factibilidad de certificar bonos, la amplia mayoría (72%) solo lo vio posible en el mediano plazo.
Finalmente, de los que manifestaron interés, 75% dijo que no tuvo ningún contacto concreto para operar con bonos y estimó que todavía queda un largo camino por recorrer en torno a la validación de captura de carbono y prácticas sostenibles en la agricultura.
Bases
En sus artículos 320 a 324, el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” faculta al Ejecutivo Nacional para generar un sistema de comercio de emisiones.
Lo autoriza a asignar derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a cada sector y subsector de la economía compatibles con el cumplimiento de las metas para 2030.
Ello se haría mediante límites anuales y derechos de emisiones, al tiempo que posibilita fijar un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan excedido su meta puedan, a su vez, vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.
Desde la Mesa Carbono Forestal Nacional (MCFN) recordaron que la seguridad jurídica es esencial para atraer inversiones.
En un comunicado, Juan Pedro Cano, coordinador de MCFN, planteó: “Es necesario que un mercado regulado de carbono contenga normas que den claridad y certidumbre sobre aspectos clave para el desarrollo y comercialización de proyectos, como otorgar seguridad jurídica sobre propiedad o titularidad de los créditos de carbono generados por proyectos desarrollados en Argentina, facilitar su libre comercialización definiendo y delimitando el ámbito de intervención gubernamental y garantizar la transparencia en las transacciones”.
“Es preciso contar con seguridad jurídica para atraer inversiones que permitan desarrollar proyectos a distintas escalas y e impacto ambiental, social y económico, especialmente de captura y reducción de emisiones, que puedan complementar modelos productivos actuales por parte de pequeños y medianos titulares de tierras, y traccionar proyectos de gran escala que probablemente no se realicen”, sumó.
Proyectos
Según reseñó la MCFN, en el país se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en diferentes regiones y con distintos tipos de abordajes, y ya se registran emprendimientos por una superficie de más de 400 mil hectáreas.
Planteó que si se implementan podrían capturarse y prevenirse emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), más del 60% de la meta de reducciones de emisiones a 2030 establecida por la Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.
Al respecto, Cano consideró que tal como está, la ley sólo se enfoca en sectores y actividades emisoras, pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos externos a las actividades obligadas a reducir, como los de carbono forestal o del agro.
Afirmó que a nivel internacional las iniciativas proactivas desde el Estado para el impulso de mercados de carbono regulados generaron impactos interesantes no solo en reducción de emisiones, sino también en conservación, manejo sustentable y restauración de ecosistemas. Para Cano, la propuesta impulsada busca promover límites y reducciones de emisiones de GEI, pero no prevé compensaciones de emisiones, lo cual es usual, al menos por un período de tiempo o hasta cierto porcentaje de las emisiones reguladas, de modo de dar previsibilidad y flexibilidad a los sectores obligados.
La MCFN cree que la iniciativa puede ser interesante no sólo para limitar y reducir emisiones de GEI y para promover el desarrollo de proyectos de carbono en el país que puedan aportar a los procesos de reducciones de emisiones que se procuran.
Sostiene que para ello debe incluir un mecanismo de flexibilidad para el cumplimiento de las reducciones de emisiones que se establezcan, mediante la posibilidad de presentar reajustes por créditos de carbono, por determinado período de tiempo o sobre un porcentaje de las emisiones a limitar y reducir.
