El oficialismo fue forzado a nuevas concesiones para lograr un dictámen. Aún así, desde la oposición dialoguista señalaron que sostendrán su oposición en el recinto a diferentes artículos en particular, entre ellos el que avala la suba de retenciones. Unión por la Patria y la izquierda fueron con un dictámen propio. El debate quedó abierto y con chances de más variantes. La CGT para hoy contra la iniciativa
El bloque de legisladores de la Libertad Avanza se encaminaba anoche a obtener un dictámen de mayoría del proyecto de ley ómnibus luego de aceptar nuevos cambios al texto ya modificado y que ingresó en las últimas horas a la cámara baja.
No obstante y más allá del resultado del plenario que recién se conocería en la madrugada de hoy, fuentes de los denominados bloques dialoguistas, entre ellos los legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anticiparon que insistirán con nuevas modificaciones una vez que el proyecto se discuta y vote en el recinto, esto es mañana jueves y luego del paro general convocado por la CGT para hoy. La medida de fuerza es precisamente en contra de la iniciativa en debate en el Congreso.
En ese contexto, la administración del presidente Javier Milei logró, luego de múltiples contactos de último momento, abrir el plenario de comisiones recién a las 9 de la noche y no a las 6 de la tarde como estaba previsto.
La estrategia del oficialismo tras atender algunos de los requerimientos de los sectores más proclives a acompañar el proyecto, era lograr un dictámen de mayoría -con disidencias- sobre el megaproyecto de ley impulsado por Milei.
No obstante, y en función del debate de anoche, quedó en claro que la suerte final del proyecto recién se definirá mañana jueves durante la sesión en el recinto.
La redacción del dictamen se negociaba hasta última hora entre la Casa Rosada y los sectores dialoguistas que, si bien lograron sacarle al oficialismo varias modificaciones al texto, mantenían fuertes reparos sobre de algunos puntos claves del megaproyecto, entre ellos la suba de retenciones y la movilidad jubilatoria. Ambos constituyen el corazón del paquete fiscal de la iniciativa. Estas diferencias explican que, durante el plenario de comisiones, la mayoría de los dialoguistas -conformada por legisladores del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- decidieran suscribir el dictamen oficialista con disidencias.
“Una inmensa mayoría del cuerpo tenemos la voluntad grande de acompañar al Gobierno y ayudarlo en las reformas necesarias para sacar al país de esta crisis. Pero estamos convencidos que esas reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste a los jubilados -arrancó Martín Tetaz (UCR) en el plenario-. Estamos convencidos que esas reformas no pueden incluir aumentos de impuestos a la producción, y mucho menos a las exportaciones”
En definitiva, la letra final del proyecto recién se conocería una vez finalizada la sesión del jueves.
“Habrá negociaciones hasta último momento, incluso durante la sesión en el recinto. Si persisten los desacuerdos la cuestión se definirá en la votación en particular de cada uno de los artículos”, presionaban los dialoguistas, que descontaban que el final está abierto y que la sesión será tan larga como extenuante.
Refractarios
A manera de anticipo, un grupo de diputados “rebeldes” que pertenecen a la UCR y a Hacemos Coalición Federal decidió no firmar el dictamen oficialista. En este lote se inscriben los 6 diputados de la Coalición Cívica –instigados por Elisa Carrió-, Margarita Stolbizer (GEN) y Mónica Fein (socialismo) y una decena de radicales enrolados detrás del diputado Facundo Manes.
Ese grupo de parlamentarios no está convencido de apoyar pese a los cambios dispuestos por el Gobierno en materia de movilidad jubilatoria.
Como última oferta, el oficialismo propuso indexar los haberes recién a partir de abril próximo y, hasta entonces, preservar la fórmula actual; esto le permitiría al fisco esquivar la actualización de los ingresos en los meses de disparada inflacionaria.
Los legisladores de la Coalición Cívica cuestionan que, mientras el grueso del ajuste propuesto recae sobre los jubilados, el Gobierno elude quitarle privilegios impositivos y fiscales a empresas y actividades, como el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.
“El DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas sino también empobrecerán aún más a los argentinos -advirtió, por su parte, el radical Manes-. No es verdad que no hay opción. Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”.
La posición de los diputados díscolos al proyecto oficial preanuncia un escenario cargado de suspenso cuando, en el recinto y tras un debate maratónico, los legisladores aborden cada artículo en particular.
En ese marco, los libertarios, en evidente minoría, deberían aceptar más cambios si es que pretenden que el proyecto obtenga media sanción mañana.
Final abierto
Conscientes de los riesgos que podrían correr en el recinto, el Gobierno cedió ayer con nuevas concesiones ante los planteos de parte de la oposición dialoguista.
Entre los cambios se accedió a que la recaudación del nuevo blanqueo sea coparticipable y que se mantengan vigentes dos fondos fiduciarios provinciales-, lo que permitió destrabar algunos puntos de conflicto. Los libertarios esperaban traducir esos acuerdos en un dictamen de mayoría para garantizarse la aprobación en general del proyecto.
Si bien las diferencias con los dialoguistas persistían hasta bien entrada la noche, los libertarios descontaban que se alcanzaría el dictámen en las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, reunidas desde anoche.
El objetivo era doblegar al bloque de Unión por la Patria, que presentaba uno propio de rechazo al proyecto junto con los diputados de izquierda. En total reunían 47 firmas sobre un total de 115 miembros de las tres comisiones.
Los sectores contrarios a la llamada “Ley de Bases” de Milei se plantaron duros contra el proyecto. Advierten que son tantas las facultades legislativas que se le delegarían al Poder Ejecutivo con la norma que el presidente podrá gobernar discrecionalmente por dos años; asimismo, advirtieron que los haberes de los jubilados quedarán licuados con la nueva fórmula de movilidad y que el grueso del ajuste recaerá sobre las provincias y los sectores productivos. También cuestionaron la intención oficialista de privatizar 41 empresas públicas.
“Esta ley es horrible, invotable -dijo el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez-. La ciudadanía debe saber de qué estamos hablando, qué quieren dictaminar. Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa a un Poder Ejecutivo. Tiene el impacto de ocho leyes Dromi. Dromi es Heidi respecto a este proyecto”.
Desde la izquierda, Myriam Bregman enfatizó que el oficialismo “no tiene los números para aprobar este mamarracho”.