ESCUCHAREl juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico rechazó los primeros amparos que se presentaron para declarar inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei. Se trata de los primeros fallos que resuelven el fondo de los reclamos, aunque el magistrado no se pronunció respecto de la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, con los rechazos de los amparos, sigue vigente.
Lavié Pico sentenció en el marco de los expedientes promovidos por el abogado Jorge Rizzo y la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Para el juez, “los casos no cumplieron con la carga de poner en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión”.
Así, entendió que el amparo no era la vía adecuada para peticionar, que quienes iniciaron las causas no tenían legitimación para ello y que no acreditaron un perjuicio concreto.
También recordó que el Congreso, tal como establece la Constitución, está en plazo para analizar la validez o no del decreto.
El juez no se pronunció concretamente sobre la constitucionalidad y citó las conclusiones del fiscal Fabián Canda, quien en el dictamen que emitió hacer horas señaló que la decisión no implica un pronunciamiento acerca de la validez constitucional del DNU.
Los fallos fueron dictados un día antes del paro nacional que la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras entidades políticas, sindicales y sociales harán mañana contra aquél y el proyecto de ley ómnibus.
Hasta el momento, la Justicia dictó cautelares, muchas de las cuáles suspendieron tramos del DNU.
Ahora, Lavié Pico recordó que la Corte dijo que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”.
“Una inteligencia orientada hacia la judicialización amplia de las decisiones de otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos, como la autoridad de la propia Corte Suprema”, sostuvo.
