ESCUCHARLa fiscal federal de La Rioja María Virginia Miguel Carmona le pidió al juez Daniel Herrera Piedrabuena que inicie una investigación contra 1.060 personas que se desempeñaban en el gobierno provincial y que habrían cobrado indebidamente los planes sociales del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
Carmona reclamó que los presuntos beneficiarios sean indagados por defraudación en perjuicio de la administración pública.
Pidió también que la pesquisa apunte a individualizar a los funcionarios provinciales y nacionales que intervinieron en la concesión de los planes. La agente explicó que habrían infringido la normativa que impide otorgarlos a personas que no cumplan con los requisitos legales establecidos.
Sobre esa base, enfatizó que debieron haber llevado “el control y seguimiento correspondiente” para evitar perjuicios económicos para el Estado Nacional y para garantizar que el dinero lllegara “efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.
La causa en La Rioja se inició como un desprendimiento de la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan.
En ese expediente se detectaron presuntas maniobras ilícitas por parte de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo, quienes resultaron ser a la vez empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja, incumpliendo la normativa del referido programa, que entre otras condiciones determina que los pretensos beneficiarios no pueden cumplir funciones en relación de dependencia.
Marijuan detectó que en 14 provincias empleados públicos cobraban el plan Potenciar Trabajo. Se trata de Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. Lo hizo al cruzar los datos del padrón de beneficiarios del plan con los trabajadores estatales de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación de la UFISES identificó una serie de pagos que salían de las arcas del Estado para solventar planes de personas que no cumplían con los requisitos para percibirlo, lo que habría causado un perjuicio estimado en $82.680.000 al patrimonio nacional.
El titular de la UFISES les envió su pesquisa preliminar a los fiscales federales de turno de las provincias involucradas y solicitó la “suspensión y/o baja”.
