ESCUCHARA principios de septiembre, los tribunales de la Provincia comenzaron a trabajar con presencialidad plena, tal como dispuso por acordada el Tribunal Superior de Justicia.
La primera jornada comenzó con planteos y reclamos de algunos trabajadores que no se habían vacunado contra el covid- 19.
Varios se presentaron con escribanos públicos, para dejar registrado que la Administración del Poder Judicial no les permitió ingresar a los edificios. Otros se ubicaron en sus puestos pese a que se les había prohibido la entrada por no contar con ninguna vacuna y tampoco con PCR negativo que acreditara su estado de salud.
Las razones que dieron para no vacunarse fueron múltiples; entre ellas: falta de convocatoria para inmunizarse; prescripción médica y cuestiones ideológicas.
Los empleados pidieron que se cumpliera el mismo procedimiento indicado para supermercados y comercio: usar máscara completa y guantes de nitrilo y ser controlados para la fiebre.
Los casos fueron derivados a la fiscalía de turno.
Recursos
También hubo planteos por escrito ante el TSJ. Tres grupos de empleados -unas 60 personas- presentaron recursos de reconsideración (dos, en la órbita provincial, y uno, en la federal) y manifestaron estar dispuestos a llegar a la Corte Suprema; todo ello, en rechazo del acuerdo reglamentario que les ordenó reincorporarse a sus puestos físicamente.
Cabe recordar que el TSJ había determinado que todos los trabajadores debían volver a la presencialidad y que aquellos que no estuvieran vacunados tendrían que presentar un PCR cada 72 horas.
En plena controversia, la abogada Mariela Pérez Cesaratto, patrocinante de un grupo de personas con comorbilidades y otras problemáticas, definió lo resuelto como “una práctica coactiva por parte del Estado” y dijo que se estaba ante supuestos de “mobbing laboral”.
Para Pérez Cesaratto, el pedido de un PCR negativo cada 72 horas era “anticientífico, violatorio de las libertades personales”.
Consultado por Comercio y Justicia, el administrador General del Poder Judicial , Carlos Rosemberg, afirmó que había 600 trabajadores que no se habían vacunado ni siquiera con una dosis. No obstante, aclaró que el número era dinámico y que luego de que se conoció el acuerdo del TSJ muchos empleados fueron a recibir la primera dosis para poder trabajar. Además, aclaró que quienes no podían ser inoculados por prescripción médica prestarían servicio mediante teletrabajo.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) rechazó la postura del Alto Cuerpo. Consideró que había que profundizar la concientización y los efectos positivos de la vacunación pero “no apelar a la coerción”.
