Sólo se confirmó la pena a 387 de los 1.173 condenados. El 18% de las personas sometidas a proceso se encuentran detenidas, la mayor parte de ellas en arresto domiciliario. Hay 62 causas en condiciones de celebrar el debate, pero solo 3 tienen fecha de inicio.
Este 2023 se cumplen 17 años desde la primera sentencia en causas de lesa humanidad luego de la reapertura de las investigaciones judiciales que fueron interrumpidas por las leyes de impunidad y los indultos, y 47 años desde el inicio del contexto represivo en el que se cometieron los crímenes.
Segun un informe realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad el proceso de juzgamiento iniciado con los primeros debates realizados en 2006 permitió juzgar a 1.357 personas, de las cuales 1.173 resultaron condenadas y 184 absueltas, en 316 sentencias.
En estos 17 años fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal para su investigación 3.744 personas y actualmente hay 685 causas en trámite.
El informe indica que “continúa siendo significativo el número de personas que atraviesa el proceso de juzgamiento y aún no han obtenido sentencia (50%). De ellas, 394 se encuentran procesadas, 146 con falta de mérito y 94 sobreseídas”. Agrega que “hay 510 personas que tienen pedido de indagatoria sin que ésta se haya desarrollado, y 92 personas imputadas ya fueron indagadas sin que se haya resuelto su situación procesal”.
Del universo total de personas bajo investigación, 1485 (el 40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas. La modalidad de detención es la siguiente:
- El 77% está bajo arresto domiciliario.
- El 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
- Casi un 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que -por estar dentro de un predio con custodia castrense- la procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario.
Por otro lado, se registran 36 prófugos en causas en trámite en diferentes jurisdicciones. El detalle de su situación es la siguiente:
- 10 fueron ubicados en el exterior pero los países donde se encuentran han denegado su extradición.
- 5 fueron localizados pero aún no fueron extraditados.
- 1 se encuentra en proceso de extradición.
- Sobre los restantes 20 se desconoce su paradero.
Las sentencias y los recursos
Durante 2023, tribunales de todo el país dictaron sentencia respecto de 72 personas acusadas, 56 de los cuales fueron condenados. Es un número superior al del año pasado, cuando se habían registrado 65 personas sentenciadas, aunque en 2022 los condenados fueron 58.
A lo largo del año que culmina se iniciaron 26 juicios orales, de los cuales 13 continúan en curso. En tanto, 62 causas tienen dictada la elevación a juicio y solo 3 de ellas tienen fecha de inicio de debate.
Por otro lado, 115 de las 316 sentencias dictadas desde 2006 se encuentran firmes. En tanto, 171 sentencias, el 54%, posee aún alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que tuvo sentencia, tanto ante la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia.
La procuraduría destaca al respecto que el promedio general de tiempo de tramitación desde la presentación del requerimiento de elevación a juicio hasta la confirmación definitiva por parte de la Corte es de 5 años y 9 meses. En el año en curso el promedio se acrecentó en 6 meses respecto de 2022, añade la oficina especializada, que también traza un promedio del tiempo que llevan otras etapas trascendentes del proceso:
- Pasan 4 meses entre el requerimiento de elevación a juicio y la clausura de la investigación.
- Transcurren 2 años y 3 meses desde la elevación a juicio hasta el veredicto.
- 3 años y 9 meses pasan entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte Suprema.
La Cámara Federal de Casación revisó durante 2023 unas 24 sentencias definitivas, de las cuales confirmó 13, en siete dispuso un reenvío al tribunal de origen para que dicte nueva sentencia y las restantes cuatro corresponden a revisiones de segundas y terceras sentencias, luego de haber sido reenviadas al tribunal de origen.
La procuraduría concluye que “los datos muestran que aún resta avanzar en la confirmación de sentencias de la mayor parte del universo de personas condenadas y absueltas”, puesto que sólo 387 de las 1.173 condenadas y 40 de las 184 absueltas tienen sentencia firme. “Se observa que, del universo de condenados, 270 (23%) falleció previo a que la sentencia se encuentre firme, y 26 (14%) en el caso de los absueltos”, detalla.
Asimismo, marca que, si bien se ha registrado una constante en la cantidad de pronunciamientos dictados año a año que incluyen como delitos autónomos las distintas formas de la violencia sexual, continúa siendo un 16% las sentencias que abordan de esta forma aquellos crímenes. En rigor, de las 316 dictadas desde 2006, 51 contemplan delitos por violencia sexual que damnificaron a 238 víctimas (201 mujeres y 37 varones).