ESCUCHARTras denunciar que el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, violó la veda electoral en al menos 10 oportunidades, el legislador de Republicanos Unidos Roberto García Moritán y otros referentes de ese espacio político ampliaron su presentación e involucraron al ministro de Transporte, Diego Giuliani, y al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.
Sostienen que los anuncios realizados por los funcionarios violan la prohibición del artículo 64 quater del Código Nacional Electoral, que establece que durante la campaña la publicidad de los actos de gobierno “no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos” ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.
La norma suma: “Queda prohibido durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.
Los denunciantes precisaron que Giuliani y Bahillo compartieron en sus redes sociales una serie de mensajes en los que “se apropian de una de las frases más repetidas por Massa en el último debate electoral”.
Hicieron referencia a una serie de tuits del Ministerio de Transporte, como, entre otras: “POR SI O POR NO: ¿Reactivamos 22 servicios ferroviarios y reconectamos 82 localidades en todo el país?”; “POR SI O POR NO: ¿Renovamos más de 4.500 kilómetros de vías?”; “POR SI O POR NO: ¿Las Low Cost crecieron en pasajeros y flota en nuestra gestión?” y “POR SI O POR NO: ¿Aerolíneas Argentinas viaja a 22 localidades que ninguna otra aerolínea lo hace?”.
También alegaron que Agricultura hizo lo propio con otras publicaciones, con la misma metodología. Citaron, por ejemplo, los tuits: “POR SÍ O POR NO: ¿Redujimos las retenciones de 371 posiciones arancelarias vinculadas a las economías regionales?” y “POR SI O POR NO: ¿Acompañamos el crecimiento de 147 bodegas a través de fondos para el desarrollo del enoturismo?”.
Fondos
Cabe recordar que a principios de mes la jueza con competencia electoral María Servini rechazó un pedido para que se le ordene al Gobierno nacional que, hasta el balotaje, se abstenga de otorgar fondos públicos para captar votos.
Lo hizo en el marco de la causa que generó la ONG Bases Republicanas contra Massa, por una anuncio que hizo escoltado por la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, sobre la ampliación de la línea de créditos para jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia.
El grupo denunció que el alto funcionario cometió los delito de abuso de autoridad y violación de deberes.
Expuso que la medida viola el Código Nacional Electoral, que prohíbe hacer publicidad con actos gubernamentales que tiendan a captar el voto 25 días de las elecciones.
“Estando prevista la segunda vuelta para el 19 de noviembre, claramente el anuncio fue formulado dentro del plazo de veda electoral al respecto, pues tiende necesariamente a captar voluntades en favor de quien lo formula”, sostuvo la entidad.
Bajo esa premisa, pidió que se dictara una medida cautelar en la que se les ordene a Masa, a Raverta, al presidente Alberto Fernández y al jefe de Gabinete (y candidato), Agustín Rossi que “se abstengan de disponer de fondos para el otorgamiento de créditos o cualquier otra erogación vinculada al anuncio efectuado el 1 de noviembre”, en el entendimiento de que se trata de acciones que podrían estar dirigidas “al condicionamiento de los electores”.
Cronograma
Economía compareció y pidió el cierre del expediente. Los abogados de la cartera alegaron que los créditos son preexistentes y que forman parte de un cronograma. Alegaron que su fin “no es promover o desincentivar la captación de sufragio a favor de ninguno de los candidatos, sino la de cumplir los objetivos de un programa de estado”.
Servini estimó que lo que se pretendía con la cautelar es similar al fondo del asunto y que todo debe analizarse posteriormente, por lo que le encomendó al fiscal Ramiro González que avance con la pesquisa.
La jueza indicó que el representante del Ministerio Público Fiscal es quien debe motorizar los pasos necesarios para determinar la concreción o no del hecho.
“La concesión de una medida preventiva como la requerida siempre puede implicar penetrar en la concreta ponderación del meollo denunciado, aspecto que debe ser materia de juzgamiento en oportunidad de emitir la sentencia de mérito que habrá de dirimir la investigación, pudiendo -de lo contrario- incurrir en prejuzgamiento”, sostuvo Servini.
