ESCUCHAREl candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se presentó en la causa que reveló la existencia de cientos de informes secretos de inteligencia sobre miles de “objetivos”, entre los que figura como objetivo, y pidió ser aceptado como querellante.
Según el dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el caso están involucrados dos funcionarios kirchneristas: el camporista Fabián Rodríguez, como promotor y financista de uno de los hechos de espionaje, y el diputado Rodolfo Tailhade, uno de los principales impulsores del juicio político a la Corte Suprema, quien intercambió mensajes con el principal acusado, el policía federal retirado Ariel Zanchetta.
Milei sostuvo que a través de una nota periodística tomó conocimiento de que fue espiado por Zanchetta y que, por eso, quiere intervenir en la pesquisa encaminada a determinar responsabilidades penales por delitos de inteligencia ilegal.
Octubre
El 21 de octubre pasado, luego de que varios medios nacionales difundieron los resultados de un informe preliminar sobre teléfonos y computadoras de Zanchetta que revelaron que entre los contactos del detenido figura el ex director de Contrainteligencia de la AFI, Tailhade, el hombre se puso a disposición de la Justicia.
Según el peritaje ordenado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, Zanchetta tenía en sus dispositivos aún más información de magistrados; incluso, sus datos migratorios. También halló registros de visitas de miembros de la Corte a la Rosada.
El nombre del diputado kirchnerista llamó la atención.
Además de Tailhade, en el listado figuran, entre otros, los contactos “C5n Gustavo Sylvestre” y “periodista Tomás”.
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) le dejó su estudio a Martínez De Giorgi y al fiscal Gerardo Pollicita.
Zanchetta fue detenido en Junín, provincia de Buenos Aires, a fines de junio. A él le peritaron una computadora portátil, dos celulares y se terminaron conformando siete dispositivos DVD con la extracción de los datos informáticos sobre correos electrónicos, sitios webs y redes sociales.
Ahora, la Justicia busca determinar si algunos contactos, que suman 5.793, están vinculados con operaciones de inteligencia y delitos.
Zanchetta está procesado por acceso ilegítimo a comunicaciones y a bancos de datos personales, por interrupción de las comunicaciones y por tentativa de estafa.
Guardaba archivos sobre perfiles personales de un grupo de funcionarios judiciales de Comodoro Py y de los supremos: situación laboral, fiscal y económica; datos sobre sus domicilios y vehículos; fotos y números de teléfonos, entre otra información.
Lista
Entre otros, la lista de objetivos incluye al juez Sebastián Casanello; al ex juez Ricardo Canicoba Corral; al ex fiscal de Lomas de Zamora Enrique Ferrari; al fiscal Carlos Stornelli y a su ex esposa y madre de sus hijos, y y al ex fiscal de Mercedes Juan Bidone, que investigó el triple crimen de General Rodríguez y terminó condenado por extorsión por su vinculación con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
El legislador del Frente de Todos se presentó ante el juez del caso para que, según afirmó en un comunicado, “no dude” en convocarlo de inmediato “si considera que es necesario”.
“Periodista”
Lo que mostraron los equipos de Zanchetta fue su dedicación para recolectar información. No obstante, aunque hay datos sobre funcionarios públicos, políticos, empresarios y dirigentes, el foco del expediente, por el momento, es analizar el espionaje a miembros del Judicial.
Zanchetta alega ser periodista. En su indagatoria negó tener vínculos con los servicios de inteligencia y afirmó que pidió más de dos mil informes de antecedentes de jueces y fiscales porque desde que se retiró de la Policía Federal trabaja para la Agencia Nova, RealPolitik y otros sitios de noticias.
Fiscal
Esta semana, el fiscal Pollicita firmó un dictamen en el que dio por probado que Zanchetta “por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas” obtuvo y reunió información personal de miles de personas y que la sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia.
Desafuero
Por lo pronto, un grupo de legisladores del PRO pidió el desafuero de Tailhade.
El proyecto de resolución, encabezado por la cordobesa Soher El Sukaria, propone expulsarlo, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de “su presunta participación en una organización criminal dedicada al espionaje ilegal y otras actividades ilegales”.
La iniciativa lleva las firmas de Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Ana Clara Romero, Fernando Iglesias, Oscar Agost Carreño, Adriana Ruarte y María Luján Rey.
En tanto, Juntos por el Cambio reclamó una reunió urgente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
