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El Colegio Médico Veterinario de Córdoba considera que se vulnera el ámbito de actuación profesional en lo que refiere a la nueva obligación de dar aviso en los supuestos en que no se encuentre registrado el perro en la App “Huella Animal”. Pidieron audiencia con el intendente Llaryora
El Colegio Médico Veterinario de Córdoba (CMVC) rechazó algunos puntos de la ordenanza aprobada días atrás relativa a perros potencialmente peligrosos. Consideran que se vulnera el ámbito de actuación de los veterinarios de la ciudad capitalina, puntualmente en lo que refiere a la nueva obligación del profesional de dar aviso a la autoridad de aplicación en los supuestos en que no se encuentre registrado el animal en la App “Huella Animal”.
Según explicaron, la normativa enumera que deben dar aviso sobre una serie de razas como dogos, rottweiler, pitbull, shar pei, entre otros, y además los mestizos de estas razas.
Según la ordenanza, de no dar aviso, hace responsable solidariamente al profesional tratante y al titular del establecimiento involucrado.
Desde el Colegio profesional señalan que durante el proceso de creación de la normativa, esa entidad participó de reuniones con miembros del Concejo Deliberante, planteando fundamentos técnicos y científicos, cuestiones que finalmente no fueron tenidas en cuenta en la letra de la norma.
A través de un comunicado, expresaron gran preocupación “por el desmedido deslinde de responsabilidad de la Municipalidad de Córdoba de sus potestades, la que debe controlar y sancionar a los tenedores. Transformado a los veterinarios en cuasi inspectores municipales, sin las potestades de la función”.
Asimismo, señalan que la ordenanza los expone a situaciones que podrían llegar a generar daños y perjuicios, poniendo en la disyuntiva a los veterinarios de pedir documentación o prestar atención médica animal. “Expone al veterinario a la confrontación directa con el responsable del animal”, detallaron.
Además advierten que el veterinario no cuenta con el uso de la fuerza pública para exigir al ciudadano el cumplimiento de las ordenanzas. Ejemplifican que si el ciudadano se niega a avisar en la app o declara falsedades al veterinario, queda el profesional “como responsable de la irresponsabilidad del tenedor del animal; sancionando al veterinario por una situación que escapa a sus competencias”.
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