ESCUCHARA horas de que se publicara en el Boletín Oficial la continuidad de Ana María Figueroa como jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, refrendada previamente por el presidente Alberto Fernández, el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) retiró el nombre de la mujer de la lista de magistrados jurados para concursos de jueces y la incluyó en la categoría de docente.
Lo hizo con votos del oficialismo, por unanimidad, al aprobar el dictamen 8/23 de la Comisión de Selección, que confirmó a Figueroa cesó en su cargo.
Citó que la Corte Suprema la cesanteó como jueza de la Casación por haber cumplido 75 años y que, por eso, debía dejar de ser jurado como magistrada y pasar a integrar la lista como profesora de la Universidad Nacional de Rosario.
El jueves de la semana pasada, la Casación Penal se reunió en acuerdo durante dos horas para designar al subrogante por los próximos seis meses de la vocalía que ocupaba el jubilado Eduardo Riggi, sin la asistencia de Figueroa.
Los jueces del máximo tribunal en lo penal federal del país mantuvieron un encuentro en el que no se tocó el tema de la ahora ex vocal, que tensionó aún más la relación del Ejecutivo con la Corte, que el 6 de septiembre pasado declaró que Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto; es decir, el día en que cumplió 75 años sin aval del Senado.
No obstante, la Cámara Alta avanzó con el tratamiento de su pliego y luego Fernández estampó su firma en el decreto con el nombramiento.
Denuncia
El avance del Senado generó indignación en la oposición y se presentó una denuncia en contra de los 35 senadores que votaron a favor de la continuidad de la ex funcionaria.
La promovió la Fundación Apolo, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según la fundación, los legisladores en cuestión -entre ellos, Juliana Di Tulio, Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Adolfo Rodríguez Saá, Guillermo Snopek, José Uñac y José Mayans- pusieron en riesgo el orden constitucional y el servicio de justicia “continuando con la estrategia defensiva” de Cristina Fernández de Kirchner; en el caso, en el marco de la pesquisa unificada Los Sauces-Hotesur.
“Buscan retrotraer ‘contra legem’ la jubilación de una magistrada con el fin de nulificar lo actuado, luego de la salida de Figueroa, en decisiones sobre causas de corrupción que afectan en forma directa a la actual vicepresidenta”, postuló.
Sumó que Figueroa cumplió 75 años sin que el Senado diera previamente su necesario acuerdo para mantenerla, por lo que, siguiendo la letra de la Constitución Nacional, cesó en su cargo de pleno derecho.
