ESCUCHARCon base en acusaciones como traición a la patria, el régimen que comandan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya despojó de su nacionalidad a centenares de personas. Una de las últimas casas confiscadas es la de la escritora Gioconda Belli
A comienzos de año, la escritora nicaragüense Gioconda Belli aceptó la nacionalidad chilena después de que el régimen de Daniel Ortega la despojó de la suya junto a casi un centenar de personas.
En Nicaragua se las acusa de “traición a la patria” y son consideradas prófugas de la Justicia.
La Cancillería del Gobierno de Gabriel Boric le ofreció a los afectados residir en el país y obtener la nacionalidad chilena.
La autora de 74 años nacida en Managua, que vive exiliada en España desde 2020, confirmó que aceptaría.
La ministra de Relaciones Exteriores de Boric, Antonia Urrejola, celebró la decisión de Belli pese a las tristes circunstancias.
Sostuvo que era “un honor” que “tremenda poeta, escritora y feminista” aceptara ser chilena.
A mediados de febrero pasado y en menos de una semana, el régimen que comandan Ortega y su esposa, Rosa Murillo, desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándolos “apátridas”, y despojó de la nacionalidad nicaragüense a otros 94 opositores, entre los que figuraban destacados escritores, políticos, intelectuales, activistas o religiosos.
Chile manifestó su profundo rechazo a las maniobras del régimen sandinista.
Las acciones del matrimonio Ortega fueron condenadas en todo el mundo y más de 450 intelectuales divulgaron un manifiesto para respaldar a los afectados, titulado “Son y serán nicaragüenses”.
Entre los firmantes figuran los Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y Orhan Pamuk, y los ex presidentes de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado Quesada (2018-2022).
La proclama denunció que la administración nicaragüense violó “el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano”, consignada en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También recordó que en los últimos dos años unas 20 universidades fueron canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de dos mil heridos y cientos de detenidos.
Además, consignó que lo propio sucedió con más de tres mil organizaciones de la sociedad civil y alrededor de 20 medios de comunicación.
El grupo precisó que desde 2018, el régimen de Ortega prohíbe la entrada a Nicaragua de organismos internacionales humanitarios, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Exhortamos a la comunidad internacional a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Exhortamos también al Gobierno nicaragüense a que detenga la represión contra su pueblo”, cerró.
La lista de signatarios incluye a numerosos periodistas, como la argentina Leila Guerriero y la mexicana Carmen Aristegui, y a escritores como Elena Poniatowska, Salman Rushdie y Paul Auster.
Además, suscribieron la carta la fotógrafa Susan Maiselas, quien retrató los episodios de la Revolución Sandinista, y el cantautor panameño Rubén Blades.
Poco antes, la denominada Coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos, rechazó la privación arbitraria de nacionalidad, entre otros derechos fundamentales restringidos, impuesta por el régimen a 94 personas.
“Lejos de cumplir con sus deberes internacionales, el Gobierno nicaragüense sigue practicando un terrorismo de Estado, sofisticando sus métodos represivos, dejando en situación de apatridia a personas defensoras de derechos humanos, muchos de ellos con medidas cautelares”, manifestó en una declaración.
“El régimen de Ortega-Murillo, bajo la figura de traición a la patria, inclusive sin un juicio y con total falta de debido proceso, ha profundizado sus prácticas violatorias ante la mirada de organismos internacionales, instituciones de derechos y espacios multilaterales”, advirtió.
Inmuebles
En las últimas horas, el régimen confiscó la casa de Belli. Oficiales de policía y de la Procuraduría General de la República (PGR) ya ocuparon el inmueble.
En declaraciones al medio español EL PAÍS, Belli afirmó: “He perdido muchas cosas pero no me harán perder mi dignidad. Sin embargo, los acuso y denuncio por hacer, guiados por su ambición y ceguera vengativa, tal cantidad de males contra el país que les auguro el terrible pero bien merecido fin que sufren los tiranos”
También fue confiscada la vivienda de su hijo, Camilo Castro, periodista y documentalista exiliado en Costa Rica junto a su esposa, la también cineasta Leonor Zuñiga.
En julio pasado, la dictadura se quedó con una casa de Sergio Ramírez ubicada en el municipio de Masatepe, donde funcionaba la Fundación Luisa Mercado que dirigía el Premio Cervantes.
Las confiscaciones son uno de los últimos métodos represivos motorizados por la dupla Ortega-Murillo para acallar las voces críticas.
Los procesos tienen en la mira las propiedades de unas 300 personas.
Empresas
En marzo pasado, el régimen canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y, por consiguiente, de todas las cámaras que lo integraban.
La nueva ofensiva contra el sector empresarial se concretó con una resolución que argumentó que las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro.
El texto citó lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Según informó el medio La Prensa, las cámaras ya habían enfrentado problemas para concretar la convalidación, al igual que muchas ONG.
Cabe destacar que en febrero parte de la dirigencia del Cosep integró el grupo de presos políticos desterrados a EEUU.
Entre los siete miembros que fueron excarcelados y expatriados figuran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían la entidad cuando fueron arrestados.
En octubre de 2021, la policía de Ortega detuvo en Managua a Healy, titular del Cosep, por cargos de lavado y traición a la patria, cuando asistió a una citación de la Fiscalía, que actúa controlada por el Ejecutivo.
Antes de ingresar a la audiencia, el empresario declaró que no temía perder su libertad. Sin embargo, fue retenido mientras allanaban su casa. Menos de dos horas después, su segundo en la Cosep, Vargas, corrió la misma suerte.
“Diálogo y consenso”
Hasta 2018, el sector empresarial llevó su relación con de Ortega bajo el modelo llamado de “diálogo y consenso”. Sin embargo, luego lo acusó de financiar un supuesto intento de golpe de Estado.
Después de las protestas ciudadanas reprimidas con violencia por policías y fuerzas paraestatales, el Cosep pasó a tener una postura crítica.
Healy fue el segundo presidente del grupo arrestado en menos de seis meses. Antes había perdido su libertad José Adán Aguerri, el 9 de junio de 2022, cuando el régimen comenzó a detener a opositores -entre ellos, varios precandidatos presidenciales- con base en distintas imputaciones.
Aguerri renunció a la titularidad de la entidad en septiembre de 2020 y se involucró con la Alianza Cívica, un grupo opositor surgido a raíz de las protestas de abril, y se dedicó, entre otras misiones, a negociar la liberación de los presos políticos.
Healy fue elegido nuevo titular del Cosep y encabezó las gestiones con un gobierno ya radicalizado que lo llevó a la cárcel.
Argentina
En ese entonces, Argentina se abstuvo en la votación de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiendo la libertad de presos políticos en Nicaragua.
Ante ello, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), definió lo sucedido como “lamentable”.
“Durante su historia democrática, Argentina normalmente ha tenido una posición clara de defensa a los DDHH. La política exterior zigzagueante del actual gobierno es preocupante”, expresó también en su cuenta oficial en Twitter el abogado chileno.
El dictamen de la OEA se resolvió con 26 votos a favor. A diferencia de sus socios de Mercosur, Argentina optó por unirse al listado que componen Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras y México. El único ausente fue Nicaragua.
Jesuitas
El mes pasado, vía decreto, Ortega disolvió la Asociación de la Compañía de Jesús en Nicaragua, al quitarle su personalidad jurídica y bienes.
La manda acusó a la orden religiosa de, supuestamente, no reportar sus estados financieros en 2020, 2021 y 2022, y de no renovar su junta directiva, con mandato vencido desde marzo de 2020.
La medida afectó a los colegios Loyola y Centroamérica, además de las escuelas de Fe y Alegría.
Antes, Ortega ordenó confiscar la Universidad Centroamericana (UCA), administrada por los jesuitas desde hace más de 60 años, y la rebautizó como Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
