ESCUCHARPor el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)
El Estado de México solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las actividades de las empresas privadas de armas de fuego, sus efectos en los derechos humanos y los deberes estatales de prevención y sanción sobre ese mercado.
En este marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el INECIP presentaron conjuntamente un informe con información relevante sobre la experiencia argentina que pueda resultar de utilidad para la decisión de la Corte IDH. Ambas instituciones entienden que un Estado que no controla la circulación de armas de fuego se arriesga a un mayor nivel de violencia, por lo cual es imperioso la construcción de estándares jurídicos que guíen el diseño e implementación de regulaciones estatales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego.
Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? La mayoría de las armas de fuego son fabricadas en un entorno de legalidad ante las dificultades prácticas de establecer “fábricas ilegales”, pero una parte de ellas son “desviadas” al mercado ilegal. Según estimaciones (el mercado ilegal solo nos permite acercarnos de forma aproximada), en un 3,9% de los hogares argentinos hay armas de fuego, es decir, que puede haber entre tres y cuatro millones de armas de fuego en el país.
Por otra parte, uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina durante el 2022 fue producido con un arma de fuego, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación. A su vez, el 76% de los homicidios dolosos cometidos en el país en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos, ya que se trataba de conflictos interpersonales, como peleas entre conocidos, familiares, vecinos, parejas o ex parejas, entre otros. En este marco, es fundamental comprender que la sola presencia de armas de fuego aumenta las probabilidades de que cualquier conflicto termine con un resultado lesivo o mortal, a lo que se suman accidentes y suicidios.
Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género en sus distintas formas. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.
Ante este panorama, los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal y la responsabilidad de prevenir la violencia con armas de fuego. Por eso, tienen el deber de desarrollar políticas públicas orientadas a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego y también deben desarrollar acciones orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas en cada país.
En cuanto a la fabricación y comercialización de armas de fuego, las municiones y explosivos en muchos casos están a cargo de empresas privadas nacionales o extranjeras que deben tener la responsabilidad de prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus intervenciones y los Estados tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas obligaciones.
En Argentina, alrededor del 70% de los/as usuarios/as registrados/as como “legítimos usuarios” tienen en realidad su credencial vencida. Concretamente, hay 1.749.121 de armas de fuego registradas y un 1.088.512 de usuarios registrados, pero en 2022 sólo 248.826 usuarios individuales (incluidos/as quienes forman parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad) tenían su credencial vigente. Esta situación implica un incumplimiento administrativo, pero también un delito penal que raramente se persigue y sanciona.
En conclusión, la Argentina necesita, entre otras cuestiones, de regulaciones claras para la producción y comercialización de armas de fuego. Para ello, es fundamental que el Estado termine de implementar la ley de creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), dotando a ese organismo de control los recursos necesarios para poder cumplir acabadamente con sus funciones.
La realidad argentina evidencia la importancia de tomarnos este tema en serio. En un contexto socioeconómico con altos niveles de complejidad, que producen un aumento de la conflictividad social, se necesita una gran responsabilidad ante las propuestas que promueven la libre portación de armas de fuego. La sociedad argentina tiene una fuerte tradición de rechazo a esas propuestas, ya que comprende muy bien sus riesgos y sus costos que, lamentablemente, se miden en términos de vidas.
