ESCUCHAREl tribunal regional recibió varios pedidos para que el jurista fuera removido por inmiscuirse en asuntos de política interna argentina. En 2018, declaró que esperaba que el Gobierno de Macri se fuera “lo antes posible”
En enero de 2021, a los 81 años, Eugenio Zaffaroni anunció que no seguiría siendo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No presentarme a la reelección es una decisión exclusivamente mía”, declaró.
Poco antes, Elisa Carrió y diputados de la Coalición Cívica (CC) llevaron un pedido ante la CIDH para que Zaffaroni fuera removido por sus afirmaciones en contra de la Máxima Instancia -luego de que ésta confirmó la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou por “Ciccone”- y por proponer indultos para ex funcionarios del kirchnerismo.
Cabe recordar que la Asociación Civil Usina de Justicia plantea desde hace años que Zaffaroni no cumple con los requisitos de independencia, imparcialidad y dignidad porque, según el grupo, se inmiscuye permanentemente en asuntos de política interna.
En sendas presentaciones, denunció que aunque la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad, Zaffaroni violó sistemáticamente ambas disposiciones desde que asumió.
Además, alegó que, si bien se supone que la CIDH debía ser integrada por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en materia de derechos humanos”, Zaffaroni fue nombrado juez penal por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró.
En enero de 2018, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano calificó como “antidemocráticos” y “desfortunados” los dichos del ex cortesano, quien expresó que esperaba que el gobierno de Mauricio Macri se fuera “lo antes posible”.
Lo hizo luego de manifestar que no creía que en ex presidente llegara a 2019.
Garavano criticó al jurista y opinó que debía renunciar a la CIDH.
Así, se sumó a la lista de integrantes del oficialismo que repudiaron las declaraciones de Zaffaroni.
El abogado Santiago Dupuy De Lome lo denunció por supuesta apología del delito e incitación a la violencia colectiva.
En tanto, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -uno de los dos existentes- también había objetado la conducta de Zaffaroni y reclamó que dejara el puesto en el organismo internacional.
La entidad argumentó que los dichos del juez excedían el ámbito de la libertad de expresión y opinión y valoró que fueron contrarios a la democracia y a los valores republicanos.
A su vez, señaló que el proceder de Zaffaroni fue “en franca contradicción” con las cualidades de independencia e imparcialidad que el sistema interamericano de DDHH exige a sus miembros. Por ello, solicitó que, si no renunciaba, fuera removido.
No fue la primera vez que el colegio cuestionó a Zaffaroni. Cabe recordar que en 2003 impugnó su candidatura a la Corte y lo fustigó por sus valoraciones sobre el fiscal Alberto Nisman -fallecido en dudosas circunstancias en enero de 2015-.
En febrero de 2017, el ex magistrado se refirió a la denuncia del fallecido funcionario y generó polémica tras decir: “Si estuviera vivo, lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces”.
Sus palabras generaron un fuerte rechazo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de dirigentes y abogados.
Académico
En las últimas horas, el papa Francisco nombró a Zaffaroni en un nuevo organismo vaticano sobre derechos sociales, migración y colonialismo, para el período 2023-2028.
El pontífice dispuso que Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco también integrarán la denominada “Junta Académica Fundadora” del “Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales Fray Bartolomé de las Casas”.
Tendrá finalidades académicas, docentes y de formación. Funcionará en el ámbito de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, que preside el cardenal Peter Turkson, y será sostenido económicamente, dirigido y administrado por el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), creado por el pontífice en el Vaticano en 2019, por iniciativa del magistrado porteño Roberto Gallardo, designado otra vez para presidirlo; esta vez, para el período 2023-2028.
Francisco le concedió estatus de “Asociación Privada de Fieles” al comité, que pasará a ser un ente formal dentro de la estructura.
Previo a sus nombramientos, a fines de marzo pasado, Zaffaroni y Gallardo participaron de una cumbre de jueces en el Vaticano sobre “Colonialismo, Descolonialización y Neocolonialismo: una perspectiva de justicia social y bien común”.
El encuentro fue organizado por Gallardo, quien encabeza desde 2018 el Comité de Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.
Atentado
En septiembre de 2022, dos semanas después del intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner, Gallardo fue denunciado por Carrió, por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato, por frenar el operativo policial de la Policía Metropolitana en el barrio de Recoleta, dispuesto por el Gobierno porteño en las inmediaciones de la casa de la vicepresidente para garantizar la seguridad tanto de ésta como la de vecinos y transeúntes.
La líder de la CC afirmó que la cautelar que dictó -que ponía en manos de Policía Federal la custodia de aquella zona y la de la alta funcionaria- violentó la Constitución Nacional y la porteña, con argumentos contrarios a los principios del federalismo.
“Las consecuencias de la decisión adoptada por Gallardo resultó perjudicial para la vicepresidenta y para los ciudadanos del barrio de Recoleta, por la vulneración sistemática de sus derechos constitucionales al generar un estado de indefensión y extrema vulnerabilidad”, agregó Carrió, cuyo planteo acompañaron legisladores de la CC que integran Juntos por el Cambio.
Según los denunciantes, Gallardo ejerció de manera irregular su función porque al “suspender el seguridad pública” de la CABA en los alrededores de la casa de la ex jefa de Estado violó la ley 5688, generado una “zona de peligrosidad manifiesta” que se acreditó con el atentado contra la vida de la mujer.
Además, plantearon que con una decisión “arbitraria e ilegal” Gallardo impuso la actuación de funcionarios federales que, según consignaron, “irradian una suerte de fuerza que invalida las competencias de seguridad locales constitucionalmente reconocidas y consagradas por la interpretación de la Corte Suprema”.
También manifestaron que Gallardo se arrogó “potestades inexistentes”, ya que el amparo presentado por Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, y Ofelia Fernández, legisladora del Frente de Todos, solicitaba únicamente que se levantaran las vallas instaladas por la Administración porteña y que se garantizara la libre circulación en Recoleta, a fin de garantizar el derecho de reunión.
2015
En junio de 2015, la asociación civil Usina de Justicia y otras ONG impugnaron ante la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) la candidatura de Eugenio Zaffaroni a miembro de la CorteIDH.
En los argumentos de la nota que se envió a Washington consignaron que Zaffaroni integraba “una lista de 437 jueces que oficiaron de cómplices de la dictadura”, elaborada por Madres de Plaza de Mayo.
“De pasado comprometedor, Zaffaroni juró por los estatutos de dos dictaduras, incluido el de la junta militar que ordenó ejecutar a miles de desaparecidos durante los años 70. Jamás firmó un hábeas corpus que hubiese permitido salvar una vida durante la dictadura”, enfatizó Usina de Justicia.
La entidad sostuvo que “el historial de Zaffaroni como juez en ejercicio está plagado de fallos aberrantes” y citó su postura en el juicio a un encargado de un edificio que forzó a una niña de siete años a una fellatio, cuando adujo que la luz apagada era un atenuante.
“En otro fallo escandaloso resolvió que un robo a mano armada perpetrado con un arma blanca no es considerado delito porque ‘un cuchillo no es un arma”, agregó.
Usina de Justicia recordó también la denuncia formulada contra Zaffaroni mientras integraba la Corte Suprema, por alquilar sus propiedades “a una red de diez prostíbulos”.
“El juez delegó la administración de sus alquileres en su pareja, Ricardo Montiveros, quien se declaró culpable de violar la ley de profilaxis sobre las casas de tolerancia y pagó una irrisoria multa, con lo cual logró regularizar la situación”, resumió la ONG.
