ESCUCHARSeis policías cordobeses que comenzaron a ser juzgados este lunes 24 de julio por un jurado popular por el crimen del adolescente Joaquín Paredes y las heridas a un amigo de este, durante un operativo realizado el 25 de octubre de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus, en la localidad de Paso Viejo, en su alegato de apertura la fiscalía sostuvo que los efectivos “tuvieron la intención de matar”.
En cambio, dos de los acusados declararon que ellos efectuaron disparos intimidatorios al aire, no hacia las personas, indicaron fuentes judiciales.
Los imputados sometidos a juicio son Maykel Mercedes López (25), el único detenido como presunto autor de los disparos mortales; Iván Alexis Luna (26); Enzo Ricardo Alvarado (29); Jorge Luis Gómez (34); Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27); y Daniel Alberto Sosa Gallardo (43).
Según la investigación, López llegó al juicio como acusado de ser el autor del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” de Paredes (15), mientras que Luna está imputado de las “lesiones graves” del amigo del fallecido; Sosa Gallardo solo enfrenta cargos por “amenazas calificadas”, y Alvarado, Gómez y Aliendro por “omisión de los deberes” y “disparo de arma de fuego calificado”.
La audiencia de hoy se desarrolló en los Tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, en el noreste de Córdoba, hasta donde la madre de Joaquín, Soledad, llegó acompañada por parientes y amigos, además de integrantes de asociaciones de familiares de víctimas que viajaron hasta allí especialmente para la ocasión.
“Por fin llegó el día. Estoy con muchos nervios porque le tuve que conocer la cara al asesino de mi hijo y a otros dos policías que no conocía. Están ahí como si nada hubiesen hecho. Me pone mal, me duele, pero no voy a caer, no voy a bajar los brazos, voy a estar más fuerte que nunca y queremos que se haga justicia por Joaquín para que él pueda descansar en paz”, dijo a la prensa la mamá de la víctima.
Al inicio de debate, el tribunal integrado por los jueces Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides dio curso a la lectura de la acusación a cargo de la fiscal Fabiana Pochettino y del abogado Claudio Orosz, quien representa como querellante a la familia de la víctima.
En su exposición, la fiscal consideró que los acusados actuaron de forma “desmedida y violenta, desoyendo las formas previstas para el accionar policial para proteger a los ciudadanos”.
“No hubo más muertos porque los policías no saben tirar. Fue doloso, tuvieron la intención de matar y los chicos no se pudieron defender”, sostuvo Pochettino.
La fiscal también realizó un planteó de “hecho diverso” en el que sostuvo que, excepto Sosa Gallardo, los otros cinco policías deben ser juzgados por “homicidio agravado”, tal como se solicitó en el requerimiento de elevación a juicio.
Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo por improcedente en esta etapa del proceso, aunque voceros judiciales aclararon que la fiscal lo puede volver a efectuar más adelante.
Por su parte, en su exposición de apertura, Ricardo Videla, defensor de Sosa Gallardo, se opuso a que éste sea juzgado por un jurado popular por considerar que el delito que se le imputa no encuadra en un proceso de ese tipo.
Pero la fiscal Pochettino se opuso indicando que el proceso es el mismo para todos los policías imputados, más allá de la responsabilidad que le cabe a cada uno en el caso, y el tribunal, tras un cuarto intermedio, no hizo lugar al planteo de la defensa.
Por la tarde, la audiencia continuó con la declaración de los policías Alvarado y Luna, quienes sostuvieron que ellos solo efectuaron “disparos intimidatorios al aire” y “no contra” Paredes y sus amigos, detallaron los voceros consultados.
El debate se reanudará mañana a las 9, cuando se espera la declaración de otros acusados y de los primeros testigos.
En este comienzo del juicio, la familia del adolescente asesinado recibió muestras de apoyo de allegados y también de familiares de víctimas de casos similares, como Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, asesinado por un balazo policial el 6 de agosto de 2020, causa emblemática por la que dos policías fueron condenados a prisión perpetua y otros 11 recibieron diversas penas, relacionadas a encubrimiento.
“Escuchando hablar a uno de los abogados defensores daba vergüenza ajena, hablar que los policías se defendieron en un pueblito de mil habitantes, con cien tiros, realmente da vergüenza ajena, poner en duda de que hubo violencia institucional, da vergüenza ajena”, indicó Laciar.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se manifestó en sus redes sociales sobre el caso.
“Según los testigos, los jóvenes estaban en la plaza del pueblo cuando arribaron los policías y tras una discusión, les dispararon por los menos siete veces con balas de plomo”, sostuvo el funcionario.
Y agregó que “la Secretaría de DD.HH. viene asistiendo jurídicamente a la familia y se presentó en el juicio como amicus curiae y observador”.
De acuerdo a la acusación, la madrugada del 25 de octubre un grupo de policías se trasladó hasta la plaza de Paso Viejo, una localidad de unos mil habitantes, luego de ser alertado sobre una reunión de jóvenes en ese lugar mientras regía el aislamiento.
Cuando los efectivos llegaron al lugar se produjo una discusión con los jóvenes que, de acuerdo a la pesquisa, derivó en una balacera por parte de los policías, quienes efectuaron al menos siete disparos.
De los peritajes realizados surgió que cuatro balazos se realizaron con el arma del agente Luna y tres con la de López, y que uno de estos últimos impactó en Paredes y le provocó la muerte.
Mientras que otro de los disparos, presumiblemente de Luna, se incrustó en el brazo de uno de los amigos de Paredes, un adolescente de 15 años que debió ser asistido en un centro de salud pública.
Según el requerimiento de elevación a juicio, “cinco efectivos, encabezados por el sargento Gómez, descendieron de los rodados, que quedaron con los motores y luces encendidos, con la finalidad de echar a los jóvenes del lugar haciéndolo de forma violenta y rodeándolos a pocos metros de distancia, consintiendo todos con su accionar la producción cualquier daño y cualquier resultado”.
Siempre de acuerdo a la acusación, Aliendro, llevó sus manos a la escopeta que portaba, al tiempo que les decía a los jóvenes que se retiraran del lugar.
Ante esa actitud, los chicos comenzaron a discutir con el personal policial hasta que Aliendro “habría efectuado al menos uno o dos disparos al aire con cartuchos antitumulto compuestos con poliproyectiles o postas de goma”.
Luego, López y Luna, “sabiendo que actuaban en grupo y con la autorización del personal policial de mayor jerarquía en el lugar, haciendo abuso de su condición de miembros de la fuerza de seguridad” y “aportando al plan común de darle muerte a cualquiera de los jóvenes presentes, tomaron sus armas de fuego reglamentarias provistas por la fuerza y a una distancia no mayor a los 18.79 metros, efectuaron en toda dirección al menos siete disparos”, señaló la elevación a juicio.
