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Córdoba “La Docta” es un apelativo que, a veces, nos queda grande. Al menos en el presente, cuando la promoción integral de la cultura no figura en las prioridades de nadie. Ni siquiera para declamarla, como pasa muchas veces con la educación o la salud pública.
Durante dos siglos, Córdoba albergó la única universidad de Argentina. La primera imprenta de esta parte del mundo estuvo aquí, desde antes de la Independencia. El espíritu de la Revolución de Mayo se forjó desde 30 años antes en las lecturas de libros prohibidos de los internos del Monserrat. Podríamos seguir por decenas de renglones con los ejemplos.
La Agencia Córdoba Cultura brilla por su ausencia. De hecho, como hemos confirmado en alguna oportunidad, a interesados en presentarse en algún concurso que concurren por alguna información al edificio de la ex Legislatura no se los atiende y se les informa por medio del guardia de seguridad privada que ataja a todos en la entrada, que deben dirigirse a la página web. Una acabada y triste paradoja del principio de la publicidad de la actividad pública, establecido en el art. 15 de la Constitución de Córdoba.
Por la ciudad no es muy distinto, si bien, por lo menos la gente de cultura en el Cabildo atiende a quien va a preguntar y se toma el tiempo de evacuar las dudas del caso. Se percibe, por lo menos, a pesar de la orfandad de medios, predisposición.
Seamos directos. Para la inmensa mayoría de los autores, pintores, escultores, músicos de nuestra comunidad, publicar, difundir, exponer, participar de ferias y otros espacios similares resulta una odisea homérica.
Córdoba sigue siendo, en ese sentido y gracias a los anónimos esfuerzos de muchos creadores en distintas artes, “La Docta”. Casi exclusivamente por iniciativa individual, tenemos una producción artística de magnitud y de calidad en casi todos los rubros comprendidos dentro del concepto. Sin embargo, son tantos los obstáculos que tienen nuestros artistas que, como nos dijo un destacado músico independiente cordobés, “parecería que sólo lo que se conoce como ‘cultura popular’ -como si las demás manifestaciones no lo fueran- tiene lugar en la agenda de nuestras autoridades”.
Ramón Zallo en Economía de la comunicación y la cultura (Madrid, Akal, 1988) define la industria cultural como “un conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social”.
La expresión “industria cultural” (IC) fue empleada por primera vez por los teóricos de la escuela de Frankfurt, quienes intentaban recoger así el cambio radical que se estaba produciendo tanto en la forma de producción como en el lugar social ocupado por la cultura. Se la formuló desde una posición disvaliosa que no compartimos. Que la producción cultural adquiera significación económica suficiente para que tales creaciones puedan ser retribuidas no es, en nuestra opinión, algo malo sino todo lo contrario: crea puestos de trabajo, aceita la economía en general y desarrolla una matriz productiva “limpia” que no impacta sobre el medio ambiente y de la que además la sociedad se beneficia por el mayor nivel cultural y de acceso a bienes culturales que se logra en la materia.
Es, asimismo, en el mundo, la causa de una parte significativa del empleo joven y favorecen la creación de nuevos emprendimientos y microempresas. Se calcula que, por lo menos, 200 mil puestos de trabajo privado en Argentina se inscriben en el sector. Podrían ser, con poco, muchos más.
Todo ello hace que tenga una tremenda potencialidad para generar crecimiento, no sólo económico, sino a escala social. Algo que, hoy por hoy, parece no ser visto en las esferas oficiales.
En este punto, la necesidad de articular políticas públicas, en particular de fomento con la actividad privada, no es menor. También, que ese fomento diste del mero subsidio puntual que a nada conduce y nunca ha sido sostenible en el tiempo. De poder resultar destinatarios de tales políticas el universo más amplio posible, basado en parámetros objetivos, sin preferencias ideológicas o políticas.
No es la primera vez que decimos esto. Sin embargo, frente a la indiferencia de quienes deberían preocuparse en llevarlo a cabo, nos vemos obligados a insistir en el asunto.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
