ESCUCHARLa semana pasada, el Poder Legislativo de El Salvador aprobó la 15ª prórroga del estado de excepción -que rige desde marzo de 2022 y permitió detener a unos 65 mil miembros de pandillas- y habilitó al Gobierno de Nayib Bukele para poner en pausa libertades y garantías constitucionales y desplegar militares en las calles.
Entre otras previsiones, extiende el plazo máximo de detención provisional de 72 horas a 15 días.
La ONU y organismos humanitarios como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertaron sobre “evidencias graves” de abusos de los derechos humanos, pero la Administración de Bukele ignora las críticas y defiende el estado de excepción por la merma en los homicidios.
Medidas drásticas
La presidente de Honduras, Xiomara Castro, adelantó que tomará “medidas drásticas” para luchar contra la violencia de las pandillas.
Castro y su Gobierno se vieron superados por el accionar de esas bandas, que controlan amplios territorios del país.
En ese contexto, las autoridades de seguridad anunciaron los resultados de una ofensiva policial y militar contra las pandillas, que siembran el terror entre la población.
Al emular el modelo salvadoreño, la Policía Militar publicó imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras son custodiados por oficiales, un paso que se promocionó como conducente para recuperar el control de las cárceles.
“Iniciamos actividades para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper el ciclo con el crimen organizado”, dijo José Manuel Zelaya, secretario de Estado de Defensa Nacional.
La ofensiva de las autoridades hondureñas se difundió tras un sangriento fin de semana que dejó más de 20 muertos en un país que cada mañana despierta con noticias terribles de asesinatos y violencia.
Los nuevos hechos se registraron apenas cinco días después de que 46 reclusas fallecieron en una cárcel de mujeres, en una reyerta entre integrantes de bandas criminales rivales.
Por todo lo sucedido, Castro decretó el toque de queda en Choloma y en San Pedro Sula, la ciudad más importante del país, y puso en marcha una operación que incluye allanamientos, capturas de posibles criminales y retenes.
“He tomado medidas para darles seguridad ante el brutal y despiadado ataque terrorista a que están sometidos por los matones a sueldo entrenados y dirigidos por los cabecillas del narcotráfico que opera impunemente”, escribió la presidente en un hilo de mensajes en su perfil de Twitter.
Hace horas, Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la jefa de Estado, afirmó que las decisiones son “contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura”.
Además, las definió como “esfuerzos con base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”.
Las imágenes distribuidas por la Policía Militar muestran un despliegue enorme en los penales, además del avance de oficiales en zonas controladas por las pandillas, la “Mara Salvatrucha” y la “Pandilla 18”, que se disputan jurisdicciones con batallas sangrientas.
Los oficiales presumen en las imágenes de haber tomado el control de las cárceles. Muestran, además, armas de alto calibre, teléfonos celulares y satelitales, explosivos de fabricación casera y toda la munición que tenían.
Organismos de derechos humanos ya criticaron el nuevo curso de acción del gobierno de Castro.
Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, lo describió como un “despliegue bukelista de populismo punitivo” y opinó que la administración de Castro “replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”.
“El falso dilema entre la seguridad y derechos nos ha pasado alta factura en la región”, sumó.
Reestructuración
En El Salvador, Bukele también logró que el Congreso aprobaba reducir de 84 a 60 los escaños en el órgano legislativo, que el mandatario defiende apelando a la lucha en contra la corrupción.
Además, sancionó la ley de reestructuración territorial que impulsó, que reduce el número de municipios de 262 a 44 a partir de mayo de 2024.
La oposición sostiene que la norma le permitirá al oficialismo profundizar su control en los gobiernos locales, porque los municipios pasarán a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en los 14 departamentos de El Salvador.
El Gobierno afirma que ello posibilitará ahorrar 250 millones de dólares anuales.
En un comunicado, el Parlamento aseguró que los distritos no perderán sus oficinas administrativas y que la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios que prestan en las comunas se verán afectados por la reforma, precisando que lo que sí cambiará es la distribución de concejales, que ahora será en función del número de habitantes.
ONG
A principios de esta semana, Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denunció que más de 150 personas murieron en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción.
Socorro Jurídico Humanitario es una organización que nació en julio de 2022.
Sus integrantes indicaron que se formó “por la imperiosa necesidad de la defensa de derechos humanos”; específicamente, de los sindicalistas y trabajadores organizados que, alegan, estaban siendo capturados al inicio del régimen de excepción.
El grupo está integrado por abogados, criminólogos, psicólogos, médicos y ciudadanos en general que intentan apoyar las denuncias ciudadanas por capturas arbitrarias.
Escobar reseñó que, en lo que va de la vigencia del régimen de excepción, Socorro Jurídico Humanitario receptó más de 300 reportes de muertes violentas y por negligencia médica de personas bajo pesquisa detenidas sin derecho de defensa.
Expresó que la ONG tiene 158 confirmaciones de muertes en centros penitenciarios y detalló que sus fuentes directas son los familiares de los fallecidos, por la ausencia de datos oficiales.
También indicó que, según los reportes, sólo ocho por ciento de los fallecidos estaba “perfilado como pandillero”, por lo que afirmó que “la gran mayoría” era inocente.
Escobar sostiene que El Salvador está en “proceso de consolidación de una dictadura” y que todos los poderes del Estado responden a lo que el Ejecutivo solicita a través del presidente y sus ministros; específicamente, de Seguridad y Justicia.
Argentina
En marzo pasado, en Argentina, César Milani, el ex jefe del Ejército designado por Cristina Fernández de Kirchner y respaldado por casi la totalidad de los grupos que defienden los derechos humanos en el país afirmó que “hay que hacer algo parecido” a la política criminal que motoriza Bukele y levantar cárceles de máxima seguridad en la Patagonia, en “lugares despoblados”, para llevar a los condenados por tráfico de drogas que están “encarcelados con delincuentes comunes”.
Milani pidió que se edifiquen penales especiales para alojar a los jefes de las bandas narco que asolan la provincia de Santa Fe y que desde febrero generan episodios de violencia inusitada; especialmente, en Rosario.
“Hay que hacer algo parecido a El Salvador”, dijo el ex militar en declaraciones a Radio 10, en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que fue construido en tiempo récord en El Salvador, en Tecoluca.
El lugar fue ideado para recluir a parte de los casi 70 mil pandilleros detenidos bajo el polémico régimen de excepción instaurado por Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo del año pasado.
“Tenemos que sacarlos y ponerlos en lugares aislados”, opinó Milani.
“Las garantías constituciones son para todos los habitantes y los delincuentes que delinquen. Cuando hay bandas y organizaciones armadas con mucho poder económico y político atrás, ¿no tendríamos que pensar en reformar algunas cuestiones que hacen a las garantías constitucionales? No son lo mismo que un delincuente común”, concluyó.
