ESCUCHAROcupa el 15º lugar entre 19 jurisdicciones relevadas en el país. Sólo se ubica por encima de Formosa, San Luis, Chaco y el Ministerio Público de la Nación, según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba continúa en los últimos lugares en el ranking de eficacia político-criminal, según el último informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Los datos corresponden al año 2021.
La tasa básica de eficacia político-criminal busca responder a una pregunta tan simple como importante: ¿qué respuestas le están dando las fiscalías a la sociedad?.
Así, para medir la tasa básica de eficacia, el Inecip analizó las condenas impuestas, las suspensiones condicionales del proceso y los acuerdos reparatorios establecidos por los ministerios públicos, entendiendo que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos.
Según el ranking confeccionado por el Inecip, el MPF de Córdoba se ubicó en el 15º lugar en lo que se refiere a la eficacia político-criminal, sobre un total de 19 jurisdicciones que fueron relevadas y aportaron datos. En 2019, el mismo relevamiento ubicó al MPF de Córdoba en el puesto 16° sobre un total de 20 jurisdicciones.
El ranking posiciona a Córdoba sólo por encima de Formosa, San Luis, Chaco y el Ministerio Público de la Nación. En 2021, su tasa de eficacia fue de sólo 2,36%.
En el caso de Córdoba, el estudio aclara que los “retrocesos” de algunas provincias con relación a 2019 también pueden responder a un peor desempeño o a modificaciones en la forma de registro. Córdoba, por ejemplo, informó un cambio en el método de contabilización de sus casos ingresados, pasando de 60.376 casos ingresados en 2019 a 121.890 en 2021, lo que impide una comparabilidad interanual.
Más eficaces
El nuevo reporte estadístico muestra una destacable “mejora” de ministerios públicos fiscales como los de Neuquén y Río Negro, que lograron superar el techo general de 10% de eficacia que había mostrado el ranking de 2019. Se destaca, sobre todo, un claro aumento en la cantidad de acuerdos reparatorios (realizados o registrados).
En Neuquén, por ejemplo, de un total de 48.251 de casos penales ingresados el año pasado, se alcanzaron 8.645 acuerdos reparatorios y 512 suspensiones de juicio a prueba.
Córdoba no aportó datos sobre los acuerdos reparatorios; las suspensiones de juicio fueron apenas de 120.
El Inecip precisó que un tercio de los ministerios públicos fiscales no enviaron ni siquiera los cuatro indicadores más elementales para el relevamiento pese al plazo de cuatro meses con el que contaron y a las reiteradas solicitudes enviadas. Se trata de Tucumán, Misiones, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
“Mucho más grave que un mal desempeño, es la falta de datos básicos sobre ese desempeño, que habilitan la más absoluta arbitrariedad en la administración de recursos tan sensibles como la violencia estatal”, advirtió el informe.
En las conclusiones, el instituto remarcó que la discusión sobre la eficacia político-criminal de los ministerios públicos fiscales está en una etapa muy embrionaria, pero su importancia y necesidad social es urgente.
“A más de tres décadas de la implementación de los primeros sistemas acusatorios en nuestro país, es hora de tomar en serio esta discusión”, aseguró el organismo.
