ESCUCHAREn noviembre pasado, el vocal federal renunció a la AMFJN por falta de respaldo y adelantó que iba a accionar civilmente, lo que hizo ayer. Pide que el jefe de Estado se retracte públicamente por haber afirmado que él ocupa un cargo “en contra de la Constitución” y que lo indemnice con 40 millones de pesos
El noviembre pasado, luego de que el presidente Alberto Fernández lo tachó de “juez ilegítimo” en un hilo de posteos en la red social Twitter, Leopoldo Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña, anunció que iba a demandarlo.
En esa oportunidad, declaró que Fernández faltó a la verdad y que lo dañó moralmente.
Señaló además que, como abogado, tuvo “plena conciencia” tanto de lo que dijo como de su alcance y de la afectación que causó, la cual definió como calificada, por provenir del jefe de Estado.
También renunció a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) por su falta de respaldo.
Posteo
Después del fallo de la alzada que dejó en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de los letrados de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner desde su intento de homicidio, el primer mandatario escribió en Twitter, el 2 de noviembre pasado de 2022, a las 16:42: “Una vez más, la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”.
Opinó también que Bruglia y su par Pablo Bertuzzi “deberían estar sólo en los tribunales para los cuales concursaron”.
Sumó que “sólo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri” -quien, según indicó, les ordena a los consejeros de la magistratura que “le responden” bloquear el concurso “para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes” que “usurpan” Bruglia y Bertuzzi- hizo posible lo que calificó como “arbitrariedad”.
El ministro de Justicia, Martín Soria, se sumó al embate.
Acusaciones
Ante estas acusaciones, Bruglia le cursó una carta a la AMFJN, encabezada por Marcelo Gallo Tagle, para anunciar que ya no sería parte de la entidad.
“Que ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente y de las expresiones del ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo eficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie a mi vocación asociativa con la dirigencia”, manifestó.
“Saben ustedes muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte ordenó restituirme”, reseñó.
Recordó que en noviembre de 2020 la Máxima Instancia concluyó que él debía permanecer en la Sala I hasta tanto fuera designado un juez reemplazante. “No soy ilegítimo”, enfatizó.
Alegó que Fernández y Soria fueron “claramente ofensivos” y que el hecho trascendió “una simple ofensa” a una investidura individual para “traslucir una clara injerencia sobre otro poder del Estado”, lo cual, a su juicio, debió generar “algún tipo de alarma” en la AMFJM.
UBA
Ayer, patrocinado por los abogados Estela Pastorini y Juan Manuel Blanco, Bruglia demandó a Fernández por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública.
El camarista le reclama un resarcimiento económico de 40 millones de pesos y que se retracte públicamente en Twitter.
Además, le pidió a la Justicia que confirme si en efecto es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con una copia de su legajo personal y documentación adicional sobre su formación académica.
Para justificar la medida probatoria, ponderó que “su especialidad y desempeño” como docente “determina una capacidad mayor de motivarse” y conocer “el alcance y la gravedad” de sus actos.
Asimismo, solicitó que ordene un peritaje vinculado a aspectos de la personalidad del jefe de Estado, en cuanto a su percepción de “criterios de realidad”, y que llame a declarar a un grupo de testigos; entre ellos, a Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica.
“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un presidente descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social. Es evidente que no se lo puedo permitir”, arguyó.
A criterio de Bruglia, Fernández buscó descalificar un fallo que no era de su agrado lanzando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.
Subrayó que lo mencionó con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, “publicando una seguidilla irrefrenable de tweets” instantes después de que la sentencia había tomado estado público.
“Fallé legalmente y con los debidos fundamentos”, añadió.
Solución patrimonial
“No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Pero es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos. Es una cuestión de límites”, consignó.
El juez citó a la AMFNJ y señaló que su demanda civil es “una búsqueda de reparación individual ante la falta de un gesto colectivo” de sus pares.
En julio de 2020 el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de traslados que consideró irregulares; entre ellos, el de Bruglia, quien pasó del Tribunal Oral Federal 4 a la Sala I de la Cámara Federal.
Por decreto, Fernández lo desplazó. Vía per saltum, el caso llegó a la Corte, que estableció que seguirá en su cargo temporalmente, hasta que el Consejo de la Magistratura de la Nación completara el trámite constitucional para cubrir vacantes.
En tanto, advirtió que la misma regla corría para el resto de los jueces en esa condición.
Decoro
Bruglia acusó al jefe de Estado de dañar su honor, reputación y dignidad y de afectar su imagen pública, familiar, social e institucional.
Arguyó que las opiniones disvaliosas que le causaron perjuicios se propagaron “exponencialmente” por la herramienta que usó (Twitter) y que ello tuvo “fuertes implicancias” en el ejercicio de su actividad.
Sostuvo que la publicación fue “abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz” y que Fernández incurrió en la “transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe” porque hizo aseveraciones “absolutamente mendaces”; ello así, porque no tiene “sustento real ni legal alguno”.
“Hijo de”
En un tramo del escrito que presentó, al invocar el perjuicio “ilimitado” que, argumenta, le causó el primer mandatario, citó que el demandado es “abogado, hijo de juez, profesor universitario y presidente”, características que “lo convierten en un personaje especialmente cualificado”, lo que genera que su conducta tenga “ribetes que no son ordinarios”.
“Su escondida motivación solo él la sabrá”, disparó. “Tal vez intenta agradar. Quedará sólo en el campo de lo condicional y las suposiciones”, agregó, y juzgó: “Lo que ya no puede conjeturarse es la clara intención política”.
Para Bruglia, la “degradación verbal” del jefe de Estado se debió al “enojo” que le produjo el fallo, lo cual lo motivó a “plantar una falsedad ideológica en la población”.
Informes
La demanda reclamó que se le cursen pedidos de informes a Twitter para acreditar, entre otros aspectos, detalles de la cuenta de Fernández, su verificación y seguidores y el número de veces que cada posteo fue visto y compartido.
Además, pidió que un perito informático determine, entre otras cuestiones, si hubo modificaciones en los mensajes.Libertad de expresión
Por último, Bruglia acotó que “mal podría argumentar” el Presidente que estaba haciendo uso del derecho a la libertad de expresión porque “faltó a la verdad deliberadamente” e “indujo a error a los demás de manera premeditada, intencional e inaceptable con la sola finalidad de causar una gravísima lesión”. “Todos y cada uno de los argumentos esbozados por Fernández son falsos. Lo sabía y sólo quería descalificar. La libertad de expresión debe ser concebida como una garantía de acceso a la democracia y no como un mecanismo que permita dañar la imagen de las personas”, manifestó.
