ESCUCHARLa Misión Internacional Independiente del organismo en el país advirtió que la normativa le otorgarían al Estado una potestad cuasi permanente para suprimirlas
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, formada por tres juristas, expresó su preocupación por proyecto de ley para regular a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que aprobó la Asamblea Nacional del país el pasado 24 de enero.
Según los expertos, la sanción de la norma puede suponer “un cierre del espacio cívico y democrático” porque le impondría a las ONG, tanto existentes como en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgarían al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas.
La misión advirtió además que la iniciativa se ultima en un momento en el que las ONG de promoción de derechos humanos que trabajan en Venezuela (algunas en cooperación con el grupo de expertos) enfrentan progresivamente más limitaciones a su funcionamiento, incluido en el aspecto clave de su financiación.
“Sin acceso a los fondos de cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer”, alertó la misión, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019.
Oposición
La semana pasada, la oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, fustigó el proyecto de ley que impulsa el régimen de Nicolás Maduro para fiscalizar la actuación y el financiamiento de las ONG del país argumentando que la mayoría tiene “fines políticos”.
Plataforma Unitaria Democrática manifestó su “rechazo contundente” a la ley aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional.
En su cuenta de Twitter, expuso que es ilegítima porque “pretende criminalizar a las ONG de Venezuela que trabajan por y para el pueblo”.
Asimismo, la coalición afirmó que Maduro, mediante “los poderes que tiene secuestrados”, una vez más intenta “amedrentar y perseguir” a grupos con larga trayectoria en el campo de la defensa de los derechos humanos y en la asistencia humanitaria.
La propuesta del régimen, presentada por el diputado Diosdado Cabello, fue respaldada por la mayoría chavista y entró en un proceso denominado “lapso perentorio de consultas” antes de ser discutida en el recinto.
Cabello aseguró que la inmensa mayoría de las asociaciones civiles o fundaciones venezolanas “dependen de Estados Unidos” y operan como “apéndices” de Washington “para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero”.
El texto contempla multas de hasta 12 mil dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevé crear o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones que reciben.
También les prohíbe expresamente “realizar actividades políticas” y “promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones”.
Amnistía Internacional (AI) también fustigó el denominado “Proyecto de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de la Organización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” y pidió que cese inmediatamente su tratamiento.
En un comunicado, expuso que “la Asamblea Nacional de Venezuela dio su primer paso para aprobar un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela”.
En esa línea, valoró que, si se aprueba, “todas las ONG venezolanas tendrán que cumplir con medidas abusivas” o, incluso, enfrentar procesos penales.
Entre los controles intrusivos que citó AI figuran la obligación de divulgación de información sobre el financiamiento, personal y gobierno de cada entidad y juzgó que los derechos de asociación y privacidad -entre otros- se verían violentados.
También planteó que los beneficiarios del trabajo de las ONG “quedarían en grave riesgo de criminalización y represalias”.
Amnistía Internacional le cursó una carta a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reclamándole que frene el tratamiento legislativo del proyecto.
En la misiva, lo define como “un intento más de controlar a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, y un esfuerzo vergonzoso para limitar su trabajo en materia de derechos humanos, receptores de ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela”. Asimismo, destacó la “misión vital” de las ONG en todo el mundo y particularmente en Venezuela.
La carta de AI mencionó el “riesgo constante” que sufren los activistas venezolanos de sufrir “acoso, agresiones y detenciones eventuales” y recordó el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, quien permanece detenido.
En principio, el régimen chavista tiene en la mira a 62 organizaciones civiles que, según alega, “operan con fines absolutamente políticos y reciben financiamiento de otras naciones”.
Al presentar la normativa, Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo: “Llegó la hora de fiscalizar los recursos que reciben y cómo lo invierten, y si se dedican a la política o a la labor social. ¡Ya basta!”.
No es la primera vez que el régimen busca controlar a los grupos de la sociedad civil venezolanos. Lo hizo en 2021 con el Reglamento Administrativo Número 001 y en 2022 con la denominada Ley de Cooperación Internacional de 2022.
Ambas mandas fueron condenadas por AI, que incluso le cursó una nota a Maduro respaldada con la firma de más de 500 organizaciones.
El Reglamento 001 fue modificado y los elementos más preocupantes de la norma, como la obligación de revelar la identidad de los beneficiarios de la labor de la ONG, se suprimieron.
Nicaragua
Por lo pronto, Venezuela busca seguir el camino de Nicaragua.
Cabe recordar que a fines de mayo del año pasado, Daniel Ortega ordenó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, una organización con 94 años de historia.
Lo hizo en el marco de una medida que involucró a otras 83 Organizaciones No Gubernamentales; entre ellas, la Fundación del fallecido ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007) -que creó una importante biblioteca virtual con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses-; la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS) y la Asociación de Mujeres Nora Astorga.
A la fecha, más de dos centenares de grupos perdieron su personería jurídica en Nicaragua.
