Sequía en el campo: medidas con sabor a poco

Después del encuentro del martes por la tarde, se anunciaron algunas políticas para morigerar las consecuencias de la crisis, pero la “letra chica” reduce significativamente su alcance

Finalmente, luego de muchos reclamos, el Gobierno decidió anunciar un paquete de medidas para ayudar al campo en un contexto de fuerte sequía. El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en reunión con dirigentes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, comunicaron cuáles serán las políticas para el sector.

Según fuentes del campo, no hubo negociación ni comunicación previa; los dirigentes recibieron una copia de lo que se iba a anunciar antes de entrar al convite. La situación es una práctica habitual: el Gobierno decide unilateralmente y se legitima por medio de los dirigentes que se prestan para la foto. En ese sentido, ya son varias entidades menores que se han quejado del servicio de “blanqueamiento” que dan las entidades madres a los parches del Gobierno.

Las medidas

– Alivio fiscal: suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias para todos aquellos productores con dificultades por la emergencia.

– AFIP pondrá el foco en los productores con más de $50 millones declarados de ganancia en el 2022. También suspende los juicios de ejecución fiscal y de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia que se presenten a solicitar el procedimiento de emergencia.

– No incorporación para el cálculo del impuesto a las Ganancias de lo facturado por la venta forzosa de hacienda.

– Financiación de los pasivos bajo las mismas condiciones en que los créditos fueron otorgados.

– Se desarrollará un fondo rotatorio con un sistema de asistencia de $5.000 millones renovable, que va a articular directamente a través de las provincias y los municipios.

– Se van a poner 15 puntos más de subsidio de tasa para acompañar al productor que tenga que ir a tomar crédito con una reducción de la tasa de interés. La línea de crédito será de $ 50.000 millones por parte del Banco Nación para productores alcanzados por la emergencia.

– Respecto a la Ley de Emergencia Agropecuaria, la declaración sigue dependiendo de cada provincia.

Emergencia Agropecuaria

Una de las quejas de los productores tiene que ver con la forma de entender la emergencia agropecuaria para ver cuántos productores serán alcanzados. Algunos se preguntaban si las medidas anunciadas por Massa serían solamente para aquellos alcanzados por la Ley de Emergencia Agropecuaria (aquellos que han sufrido un umbral de daño superior al 50%) o si serían para todos los productores afectados, incluso en porcentajes menores.

La respuesta oficial obtenida por el portal Bichos de Campo es que se ceñirán al texto de la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria, reformada en 2009 durante la última gestión de Cristina Kirchner, que establece que los productores podrán solicitar ser declarados en esa situación cuando tengan un daño superior al 50% en su producción proyectada.

Esto reduce de forma considerable la cantidad de productores que se podrían beneficiar de las medidas anunciadas por el gobierno. Es decir, a modo de ejemplo, si tenían sembrado un trigo y el rinde promedio en esa zona era de 28 quintales, solo podrían recibir el certificado de emergencia de haber cosechado 14 quintales o menos. Si cosecharon 18, pues no son considerados en emergencia.

Las Emergencias Agropecuarias deben ser declaradas primero por las provincias para determinadas regiones afectadas por fenómenos climatológicos como una sequía o inundación. Luego, esa declaración provincial debe ser homologada por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para que los beneficios se extiendan a los organismos y bancos nacionales, como AFIP y el Banco Nación. Pero antes de esto, el productor debe presentarse individualmente (de modo voluntario) y ser inspeccionado por las autoridades locales, para certificar el umbral de daño sufrido.

De allí que en su respuesta, el vocero oficial haya recomendado: “Es importante que las provincias que estén en esta situación las declaren” a las emergencias. Si no lo hacen, estos trámites jamás serán elevados a la órbita nacional y en consecuencia las medidas adicionales anunciadas por Massa no correrán para los productores locales.

Así, hay dos cuestiones que achicarán la cantidad de explotaciones susceptibles de acogerse a estas medidas. Primero, deben haber sufrido un daño de más del 50%. Segundo, provincias y gobierno federal deben apurarse a hacer todos los trámites por el largo proceso burocrático de homologación.

De algún modo esto explica los cálculos modestos del propio Ministerio de Economía, cuando anoche habló de un universo de 54.000 productores potencialmente socorridos sobre los más de 250 mil que tiene el país. Solo 1 de cada 5 productores aplicaría para recibir alguna ayuda en medio de una sequía que le pegó a todos.

Afinando el lápiz sobre los anuncios

La mayoría de las medidas son un ardid comunicacional, pues están atadas a que se declare la emergencia y que los productores puedan acreditar pérdidas superiores al 50%. Además hay otros mecanismos ya previstos en la ley, independientemente de los anuncios.

• Los 5.000 millones de pesos del fondo rotatorio se distribuirán a unos 18 mil productores que hayan sido declarado antes en situación de emergencia. Esa suma es inferior a los 17.000 millones de pesos que tiene asignados en el Presupuesto la Secretaría de Agricultura para actuar frente a estos casos.
• La suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias será solamente “para aquellos productores abarcados por la emergencia”. AFIP, en la revisión de los casos, “va a poner el ojo en los productores con más de 50 millones de pesos declarados de ganancia en el 2022”, “a los efectos de que el pequeño productor no tenga miedo de plantear el pedido de emergencia con la idea de que después viene la AFIP y revisa los números”.
• La suspensión de los juicios de ejecución fiscal y la suspensión de los embargos de las cuentas corrientes de todos los productores afectados por los procedimientos de emergencia ahora es presentada como una medida excepcional, pero forma parte de los mecanismos previstos en la Ley Nacional.
• Para los 4.200 ganaderos que se estimó han tenido que apurar sus ventas de hacienda, la prometida no contabilidad de esas ventas en el cálculo del Impuesto a las Ganancias correría solo para aquellos “declarados en situación de emergencia”.
• La refinanciación de los pasivos del Banco Nación, que es algo que también prevé la ley original, también será respetando las tasas subsidiadas para aquellos productores “declarados en situación de emergencia”.
• El Banco Nación prometió además “15 puntos más de subsidio de tasa para acompañar al productor que tenga que ir a tomar crédito” para recomponerse de la sequía. En este caso la línea prometida llega a 50.000 millones de pesos, siempre para “productores y productoras que se encuentran abarcados por la emergencia”.
• “El día jueves en la reunión de Directorio, el Banco Central de la República Argentina va a derogar la resolución que incrementaba la tasa para aquellos productores que de alguna manera podían acceder al crédito y habían quedado limitados por el tema de la liquidación del dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa”. Esta quizás sea la única promesa oficial que beneficie al conjunto del sector y no solo a los declarados en Emergencia.