ESCUCHARPor el contrario, el diputado José Luis Espert decidió pedir el enjuiciamiento de Alberto Fernández por mal desempeño en sus funciones
El bloque de diputados nacionales de la UCR decidió no presentar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández luego de que el primer mandatario decidiera dar marcha atrás en su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.
De todas maneras, los legisladores de Juntos por el Cambio criticaron con dureza al Presidente porque el pago, según anunció esta mañana, se concretará por medio de bonos. Los opositores enfatizaron que, según el fallo del máximo tribunal, el pago deberá realizarse con fondos de la coparticipación que le corresponde a la Nación.
Quien igualmente decidió presentar un pedido de juicio político al presidente Fernández fue el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad). El libertario acusó al Presidente por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.
“El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo (de la Corte Suprema) y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático –fundamentó Espert–. Los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
En cambio, los diputados radicales comandados por Mario Negri decidieron no avanzar con un pedido de enjuiciamiento al presidente Fernández porque, según explicaron los voceros de la bancada, el Gobierno anunció que pagará parte de la sentencia con bonos con lo que cumpliría parcialmente con el fallo de la Corte Suprema.
Desde que asumió su mandato, Fernández ya recibió dos pedidos de juicio político por parte de Juntos por el Cambio. El primero de ellos se originó tras la denuncia penal contra el Presidente por haber violado la cuarentena durante la pandemia con una reunión social en Olivos. El segundo se presentó tras las declaraciones de Fernández contra el fiscal Diego Luciani, encargado de acusar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa Vialidad.
