ESCUCHARSegún un informe de Idesa a partir de un análisis del Presupuesto 2023, el gasto en subsidios a las empresas públicas representará 50% más que lo que reciben la AUH y la Tarjeta Alimentar.
Una de las tensiones habituales entre los adherentes y los detractores del actual gobierno es la referida a los planes sociales. Mientras los primeros los consideran una parte necesaria para reducir las desigualdades sociales, los segundos ven en ellos la causa de los problemas socioeconómicos del país. Sin embargo, esa grieta es absurda cuando se observan los números y se sacan conclusiones a partir de datos concretos.
La aceleración de la inflación, la profundización de la escasez de dólares oficiales y el insostenible crecimiento de las leliq hacen inevitable abordar el tema del equilibrio fiscal, ya que los parches y la indefinición hacen recrudecer los problemas ligados a la inflación. Se necesita reordenar el sector público para lograr una mayor eficiencia en la gestión pública para reducir ese nocivo déficit fiscal. Esto no se logra por medio de los mecanismos tradicionales, como licuar jubilaciones manipulando la movilidad, demorar pagos a proveedores, posponer inversiones en infraestructura o crear nuevos impuestos.
En ese desafío de repensar las funciones del Estado, un tema ineludible es el de las empresas públicas que aquél administra . En el Presupuesto 2023 se identifican 33 empresas de su propiedad , de las cuales 24, por ser deficitarias, demandan subsidios del Tesoro. Además del déficit financiero, muchas de ellas gozan de privilegios tributarios y regulatorios que les permiten eludir la competencia y/o distorsionar el mercado en su favor, perjudicando doblemente a los argentinos, como ciudadanos que aportan a su sostenimiento y como consumidores que pueden acceder únicamente a bienes o servicios caros.
Si se considera sólo el aspecto financiero, aparece como un tema muy relevante el de los recursos públicos que las empresas del Estado consumen por medio de subsidios del Tesoro nacional. A partir de un informe de Idesa sobre el Presupuesto 2023, se observa que los subsidios a las empresas públicas ascenderán a 1,2% del PBI en 2023, mientras que a la Asignación Universal por Hijo (AUH) se le asignará 0,5% del PBI y al Programa Alimentar, 0,3% del PBI.
Estos datos permiten poner en perspectiva la magnitud de los déficits de las empresas del Estado. Esa decisión política es tan absurda, ineficiente e irracional que se va a gastar más en sostener a las empresas públicas que en el desarrollo de la infancia en situación de vulnerabilidad social. En otras palabras, se va a pagar más para subsidiar el pasaje aéreo del empresario que vuela por Aerolíneas Argentinas que en mejorar el acceso a la alimentación de los chicos en situación de vulnerabilidad.
El debate sobre el rol del Estado en la economía nunca está cerrado, pero hay ciertas pautas que nos permiten saber si estamos en presencia de una actitud sensata o ante un mero capricho. Es imposible justificar la producción de bienes o la prestación de servicios por parte del Estado cuando para hacerlo se destinan más recursos que a los hogares pobres, en los que vive más de la mitad de los niños.
La publicación de Idesa establece una distinción entre las diferentes formas que tienen los subsidios a las empresas públicas. En algunos casos prevalece el objetivo de sostener tarifas artificialmente bajas. Por ejemplo, los subsidios a Enarsa para importar gas y reducir el costo que se paga por el consumo de energía, a AySA para bajar la tarifa de agua y cloacas en el AMBA y a las seis empresas de trenes para disminuir el boleto, fundamentalmente en AMBA. A estas empresas se destina uno por ciento del PBI. Este caso tiene el agravante del centralismo en la asignación de recursos, donde los que más disfrutan de los mismos son quienes residen en un radio de cien kilómetros de la Casa Rosada.
En otros casos, los subsidios son principalmente apropiados por los empleados y contratistas. Es el caso de Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Correo, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, entre otras, que consumen el restante 0,2% del PBI. A esto hay que sumarle exenciones tributarias y regulaciones que les permiten cobrar más caros sus servicios a los consumidores, perjudicándolos.
En términos estrictamente económicos sólo son tolerables empresas públicas cuya eficiencia les permite ser autosustentables. En una visión más amplia, es una decisión política de prestar servicios donde no hay incentivos económicos por parte de las empresas para aumentar el bienestar de la población, pero sólo de manera temporaria hasta tanto se generen las condiciones para el ingreso de jugadores privados al sector.
Los fondos públicos son escasos y limitados; usarlos para subsidiar empresas públicas carece de racionalidad, equidad y sustento ideológico. La razón es que hay destinos mucho más prioritarios dentro del presupuesto público, como salud, educación o alimentación de los niños. Si la autosustentabilidad de la empresa pública no se puede lograr, corresponde cerrar la empresa, tal como hizo el ex presidente Mujica con Pluna, la aerolínea de bandera de Uruguay. La racionalidad económica y la busca de eficiencia no tienen ideología; condenar a todos a vivir con déficit por un enamoramiento con un Estado presente, sí.
