ESCUCHAREl diputado nacional del PRO Waldo Wolff acudió a la Justicia. Alega que el Gobierno “intenta bajarle el tenor” a la investigación que comenzó luego de la difusión de los resultados de la auditoría ordenada por el ex ministro Zabaleta
Luego de que se conocieron los resultados de la auditoría realizada sobre los planes sociales que reportó diversas irregularidades, el diputado nacional Waldo Wolff promovió una denuncia penal.
El legislador del PRO resaltó que la medida ordenada por el ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta tenía en su listado de beneficiarios personas fallecidas, cuyos datos se usaron para cobrar beneficios.
En diálogo con Radio Mitre, definió el cuadro de situación como “una caja de Pandora”.
“Hay un sinfín de irregularidades, pero algunas son grises. La compra de dólares es un gris, por ejemplo. También declaran Bienes Personales y un mínimo no imponible de seis millones de pesos. Es un asco, pero no sería delito”, añadió.
Wolff estimó que “lo más ilegal de toda la cuestión” es usar nombres de muertos y valoró que puede haber encubrimiento de funcionarios públicos, así como defraudaciones y estafas.
Según el legislador macrista, el Gobierno “intenta bajarle el tenor” al escándalo.
Asimismo, adelantó que intentará ser querellante en la causa y que es posible que su exposición se sume a la que efectuó el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Por lo pronto, el agente presentó una denuncia penal en Comodoro Py.
Lo hizo tras finalizar una investigación preliminar sobre las irregularidades en el cobro del Programa Potenciar Trabajo, que incluyen a beneficiarios que compraron dólares para ahorro y declararon Bienes Personales, por la presunta comisión del delito de defraudación contra la administración Pública, por permitir inscripciones en aquel programa sin las condiciones requeridas.
Por eso, pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.
El informe elaborado por el Fisco que generó el caso ingresó a Desarrollo Social el 24 de octubre pasado, 11 días después de que Victoria Tolosa Paz jurara como ministra.
Se hizo con el fin de relevar cuál era la situación económico- financiera de las persoas que reciben la prestación estatal.
Para la pesquisa preliminar, Marijuán le peticionó los datos del documento al ministerio que ahora encabeza Tolosa Paz.
La AFIP analizó 1.382.279 casos de beneficiarios del Potenciar Trabajo y halló las siguientes irregularidades: 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil; 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales; 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor y bienes afines; 10.477 tienen a su nombre un rodado de menos de un año de antigüedad; 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior; 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros; 209 poseen medicina prepaga o cobertura social; 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación; 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera y 2.870 fallecidos perciben el subsidio.
Ante esas anomalías, el fiscal hizo la denuncia y además reclamó la suspensión del cobro de los planes. Paralelamente, solicitó que se realicen medidas de prueba, como que se recabe de la Administración Federal de Ingresos Públicos el informe reservado, original y completo y la nómina de contribuyentes que surge del relevamiento; que se le pida al Ministerio de Desarrollo Social la remisión de las actuaciones administrativas labradas en consecuencia y al Banco Central de la República Argentina que informe sobre cuál es la cantidad de beneficiarios que cobran por transferencia y por cajero y qué medidas tomó para evitar situaciones como la presente; es decir, la posibilidad de que beneficiarios de planes compren de divisas a través de instituciones bancarias.
Marijuán también pidió que se llame a prestar declaración testimonial a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la implementación del Plan Potenciar Trabajo y a los de la AFIP involucrados en el desarrollo del informe.
El caso le tocó por sorteo al juez Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Movimiento Evita
Diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) pidieron investigar a Emilio Pérsico, el dirigente social a cargo del programa Potenciar Trabajo.
Presentaron un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social a fin de que informe sobre el rol del líder del Movimiento Evita, una de las organizaciones populares cuyos militantes cobran más planes recibieron.
Concretamente, quieren saber cómo se controlan los ingresos a los planes, quién los autoriza y a qué organizaciones pertenecen los más de 250.000 beneficiarios que registran incompatibilidades detectadas por el Fisco.
Los legisladores del espacio político liderado por Elisa Carrió reclaman que aquella cartera explique “cómo se verificaron los requisitos de ingreso de los titulares de planes sociales sobre los que se detectaron irregularidades”.
Cabe recordar que Pérsico encabeza la Secretaría de Economía Social, el área del ministerio que comanda Tolosa Paz de la cual depende Potenciar Trabajo.
Los representantes de la CC sostienen que “está de los dos lados del mostrador” y apuntaron a que 253.184 titulares del Potenciar Trabajo cobraron aportes del Estado al menos durante seis meses pese a tener serias incompatibilidades, como comprar dólares y declarar bienes personales.
“Creemos que los dirigentes de las organizaciones sociales, que diseñan, asignan, ejecutan y controlan los planes sociales, incorporaron gente que no cumplía los requisitos correspondientes”, manifestaron.
Por ello, le exigen a Tolosa Paz que se precise cuántas personas fueron incorporadas de manera directa por Pérsico, en el entendimiento de que ello sería “una prueba directa del manejo discrecional y arbitrario que realizan estos dirigentes de los planes sociales”.
Requieren, además, que se precise la cantidad de veces que se cruzó o verificó la información contenida en las bases de datos vinculadas al Programa Potenciar Trabajo con el Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS) o con información de otros organismos o dependencias públicas, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades para el acceso al plan en 2020, 2021 y 2022 y “hasta la fecha más actualizada posible”.
También peticionaron el detalle de la fecha, el tipo de cruces y verificaciones realizados y el organismo o base de datos con los cuales se realizó para cada caso. Los dirigentes sospechan que, en su mayoría, los beneficiarios con incompatibilidades señalados por la AFIP, podrían vivir en la provincia de Buenos Aires.
Tolosa Paz debería responder en los próximos 15 días.
