ESCUCHAR(*) Por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
No existen dudas sobre los problemas estructurales en torno al desempeño del Consejo de la Magistratura. Esto se demuestra particularmente en los procesos de selección, donde las graves demoras en la sustanciación de concursos tienen como consecuencia que 1 de cada 4 cargos del Poder Judicial de la Nación estén vacantes y que los concursos alcancen una duración promedio de 1 año y 9 meses.
Una de las razones que explican este resultado es la falta de dedicación exclusiva de los consejeros.
La duplicación de funciones de quienes, pese a integrar el consejo, se siguen desempeñando en paralelo como jueces, diputados, senadores y abogados impide que cumpla adecuadamente con sus funciones.
Esto jamás será posible con un organismo que sesione, a duras penas, una o dos veces por mes.
Respecto de los jueces, la situación se agrava con la nueva composición, que incorporará a integrantes de los más altos tribunales.
En relación al estamento de la abogacía, no existe un mecanismo para prevenir un conflicto de intereses entre el ejercicio profesional y su mandato como consejeros.
Desde hace años, las organizaciones de la sociedad civil reclamamos que la ley del Consejo de la Magistratura incorpore, entre otras modificaciones, la integración por representantes con dedicación exclusiva, que no ejerzan otra función en paralelo. Lamentablemente, ninguno de los últimos gobiernos lo incorporó en los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, pero la propuesta sí fue recogida por legisladores nacionales.
En este marco, debe avanzarse con una serie de acciones urgentes:
1) Los consejeros deben pedir licencia de cualquier otro cargo que ocupen y dedicarse en forma exclusiva a su nuevo cargo.
2) Jueces: a) Deben pedir licencia, al existir los “motivos fundados que les impidieren ejercer ambas tareas simultáneamente” que prevé el artículo 28 de la ley 24.937 (y modificatorias); b) Mientras no pidan licencia, el Consejo de la Magistratura debe producir un informe público sobre la carga de trabajo de los tribunales de los consejeros y si los niveles de demora fueran superiores a los del mismo fuero, debe informarle la situación al tribunal que ejerza la superintendencia; c) Debe prohibirse asignar subrogancias a jueces que integran el organismo, por aplicación análoga de la prohibición de designar subrogantes que registren atrasos significativos, prevista en el artículo 7 de la Ley 27.439.
3) Abogados: a) Deben suspender todas sus matrículas (no sólo la federal, como exige la ley) mientras dure su mandato, a los fines de evitar cualquier tipo de conflicto de interés; b) También deben hacer públicas sus declaraciones juradas antes de su asunción en el cargo, a los fines de que la sociedad tenga la posibilidad de controlar la existencia de un potencial conflicto de intereses; c) El consejo debería establecer un mecanismo de prevención de conflictos de intereses que exija a las personas electas una declaración jurada que incorpore los mismos requisitos que se establecen para los candidatos a integrar la Corte Suprema.
4) El Congreso de la Nación debe retomar el debate parlamentario, producir los consensos necesarios y avanzar de manera urgente con la aprobación de una nueva norma. El debate iniciado hace unos meses en la Cámara de Diputados, que por los vaivenes de la política quedó trunco, había demostrado el absoluto consenso existente sobre la necesidad de modificar el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura. Además, se había evidenciado puntos de consenso entre oficialismo y oposición.
Es necesario cambiar la realidad del Consejo de la Magistratura. Su mal funcionamiento es una de las tantas razones por la que la administración de justicia federal se aleja cada vez más de parámetros básicos de un Estado de Derecho.
Es hora de dejar de naturalizar este lamentable juego de suma cero en donde nadie gana, pero sí genera una gran pérdida: la calidad de la democracia.
