viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

La condena penal por accidente laboral, bajo revisión

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Javier San Martín Rodríguez disertó en el Congreso Internacional Científico Interdisciplinario de Derecho Laboral. Habló de la contradicción que genera la regulación de delitos contra la seguridad laboral, en el Código Penal.

La prevención de los accidentes de trabajo y la normativa comparada en Iberoamérica para hacer frente a esta problemática que cada año engrosa la cifra roja de muertes de trabajadores fueron puntos centrales del Congreso Internacional Científico Interdisciplinario de Derecho Laboral, que reunió entre el miércoles y sábado pasado a abogados, psicólogos, ingenieros, médicos, funcionarios y jueces de España, Brasil, Uruguay, Paraguay y del país.

En el marco del debate sobre las nuevas tendencias y el análisis de las leyes en curso, organizado por la Fundación Iberoamericana de Estudios Laborales y Sociales, Javier San Martín Rodríguez, doctor en derecho y presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, dialogó con Comercio y Justicia y alertó sobre el impacto negativo que ha tenido en su país la implementación de un Código Penal que regula delitos contra la seguridad de los trabajadores que incluye condenas de hasta seis años de cárcel para empresarios que la infrinjan.

“En el año 1995 el Estado español acompañó a la ley de prevención de riesgos laborales existentes con un Código Penal en el que se regulan los delitos contra la seguridad de los trabajadores y establece -en uno de sus artículos- cuál es el delito que comenten las personas obligadas a dar a los trabajadores los medios de seguridad que no lo hacen. Por lo tanto, en España, hemos pasado, en muy poco tiempo, de tener una permisividad total y absoluta a un control exhaustivo al punto de que hay muchos empresarios quienes interpretando la norma -no infringiéndola- se ven sometidos a procedimientos penales con condena de cárcel”, describió.

En ese sentido, sostuvo que hoy el trabajo de los laboralistas implica, por un lado, “interpretar la norma para que el empresario proporcione a los trabajadores los medios necesarios que sirvan para evitar el riesgo y, al mismo tiempo, debemos también sensibilizar a los trabajadores de que su imprudencia puede cometer un delito por ellos mismos e incluso causar un accidente de trabajo en el que pueden perder la vida”.

El referente máximo de la entidad que nuclea en España a los letrados especialistas en la materia describió que hoy los profesionales se dedican casi exclusivamente al asesoramiento y “a la defensa de aquellas acciones penales que, de manera exorbitada en el caso del derecho español, se aplican a empresarios que interpretan inadecuadamente la norma”. Para San Martín Rodríguez, la condena de dos a seis años de cárcel que fija el Código Penal español para casos referidos a accidentes “es tan dura que muchas veces se retrae la creación de empleo por ese artículo. Yo vengo diciendo que ese artículo tiene que desaparecer”.

“En España -agregó- estamos a la cabeza de los accidentes de trabajo de Europa con un accidente de la construcción al día y ese artículo que castiga conductas dolosas y accidentes de una manera muy severa, en ocasiones, castiga a aquellos empresarios que interpretan la norma y que no aciertan en su interpretación, que por el mero hecho de haberse producido un accidente de trabajo con una causa grave para el trabajador y se hayan infringido las normas de seguridad por mínimo que sea, automáticamente se produce un procesamiento al empresario”.

Remedios contra el desempleo
En otro orden, el experto analizó la crisis española y calificó la alta tasa de desempleo de aquel país como “terrible” y que para reducirla debería darse una reforma laboral “profunda”.

“La última ley llamada de reforma laboral tiene solamente efecto para las contrataciones pero no está dando una solución a la situación actual y esto ocurre por un problema político. Inevitablemente, la política está sumergida en las cuestiones laborales. En este caso concreto, tomar una medida en la que haya recortes importantes en los derechos de los trabajadores supone una no aceptación por parte de la sociedad y supondría una pérdida de votos importantísima”.

Además, subrayó que “las políticas de reducción de derechos de los trabajadores ya tomadas con el fin de reactivar la economía son muy lights y los laboralistas, que somos los expertos en trabajo y seguridad social en nuestro país, venimos exigiendo reformas más profundas, más amplias, más fuertes, y venimos ofreciendo las soluciones”.

En este sentido concluyó: “En España hay un gran gasto en la seguridad social que se pueden equilibrar y ajustar más a las necesidades, también queremos que la indemnización por el despido no sea tan elevada como la que es para que la empresa pequeña flexibilice la contratación”.

Españoles en busca de trabajo
Latinoamérica, inglaterra y alemania en la mira

Latinoamérica -afirma Javier San Martín Rodríguez- ha sido siempre para España un lugar importante de destino a nivel laboral: por la gran simbiosis que hay en los caracteres español y argentino, también por el idioma, las costumbres, y por las sinergias importantes en todos los niveles. “En este momento en que el paro (desocupación) no deja de crecer, en el que la ocupación es cada vez más difícil, el español preparado, el que se ha formado en la universidad, el que puede aportar algo en la sociedad, está buscando como destino Latinoamérica; pero también es verdad que España está muy imbuida por la Unión Europea y la tendencia natural de la gente en España es subir a Gran Bretaña y Alemania”, afirmó.

Teletrabajo

– Para los españoles no hay un vacío legal con respecto al teletrabajo porque la normativa laboral de España contempla perfectamente la situación del trabajo en el propio domicilio de las personas y se rige por una norma (el Estatuto de los Trabajadores) que regula perfectamente la relación”.

– “El derecho que me preocupa es el del trabajador que tiene que estar protegido frente a los abusos de los empresarios”, dijo para diferenciarse de aquellos abogados que quieren “inventar” derechos donde ya los hay

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