Chile sigue esperando su Constitución

Por José Emilio Ortega y Santiago Espósito (*)

Desde mediados de los 80 América Latina ha sido campo de reformas constitucionales. Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993), Uruguay (varias enmiendas: especialmente 1996) y Argentina (1994) son parte del proceso de transición democrática posterior a la salida de largos regímenes autoritarios. 

En tanto, Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) receptaron demandas de los movimientos populares en plena democracia, con el objeto de profundizar transformaciones institucionales que acompañaron el surgimiento de nuevas fuerzas políticas. 

Hasta entonces, las reformas constitucionales en el continente se habían caracterizado por una participación popular moderada y objetivos programáticos a corto plazo, como cuestiones relativas a la reelección presidencial o la introducción de institutos importados.

Las constituciones de Ecuador y Bolivia rompieron con el universalismo y fueron tras una salida pluralista a los conceptos de igualdad y libertad en un Estado de derecho, admitiendo además nuevas fuentes de producción de derechos. Estos textos implicaron una ruptura con el régimen constitucional clásico, con el fortalecimiento, a nivel simbólico, de la dimensión política de la Constitución. 

Innovaron dogmática y orgánicamente, basándose no tanto en normas sino en declaraciones, saliendo de la economía de palabras característica del liberalismo. Son extensos textos en los que se procura redimensionar vínculos entre soberanía popular y gobierno por medio de la democracia participativa, señalando un frondoso catálogo de derechos, deberes e instituciones. 

En este contexto se inscribe el proceso de reforma chileno y su primer producto (que las urnas ya han rechazado), que redefine conceptos tales como la unidad nacional, la soberanía y la nacionalidad, deja nuevas interpretaciones sobre cuestiones de ciudadanía, igualdad jurídica y diversidad, como también otra mirada para organizar los poderes (incluso abandonando la clásica tríada legada por Montesquieu).

El proceso chileno

El procedimiento de redacción del proyecto constitucional de 2022 en Chile fue -por lo menos- desordenado, lo que lógicamente tuvo relación con el estallido social que ocurrió en ese país durante octubre de 2019, que entre sus demandas clamó por la ilegitimidad de la constitución vigente, sancionada cuando la dictadura de Augusto Pinochet. 

Previo plebiscito ampliamente apoyado, la elección de los convencionales constituyentes importó un profundo castigo a los partidos tradicionales, “la vieja política”. La Convención se integró por un amplio espectro de líderes sociales y militantes más o menos espontáneos que caricaturizaron al poder constituyente, en tanto tal. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional.

El 4 de septiembre, los chilenos votaron para aprobar o rechazar el proyecto elaborado. Un texto de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias. Aunque hace apenas un año parecía un trámite para validar lo actuado, el referéndum derivó en una dura derrota para las noveles fuerzas progresistas chilenas, que perdieron por casi 25 puntos porcentuales. A diferencia de elecciones anteriores,  el voto en esta ocasión fue obligatorio. La participación alcanzó valores récord. 

El proceso fue un engarce de situaciones absurdas que afectaron el posicionamiento popular en la campaña electoral. La actitud rebelde ante lo instituido se expuso en la Convención como criterio oficial: ya en el centro del poder, cierta insensatez y altanería (esta idea refundacional a ultranza, la superioridad moral autopercibida, más el desprecio a tradiciones políticas y al capítulo democrático iniciado en 1991) defraudaron expectativas. Además, la votación auscultó el humor popular frente a la gestión presidencial. 

A su vez, hubo una reacción fuerte a la cuestión identitaria. El primer artículo de la Constitución consagraba a Chile como un “Estado social y democrático de derecho” y se afirmaba que, además, este Estado sería “plurinacional, intercultural y ecológico”. 

Según encuestas, las modificaciones peor evaluadas fueron el reconocimiento de un Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Percepción negativa que surge de la sensación que muestra la inteligencia del texto, en el que, por momentos, pareciera que existieran dos constituciones: una para chilenos y otra para indígenas. 

Este texto, como viene señalando Roberto Gargarella a propósito de iniciativas semejantes, ha operado por “acumulación” una amalgama de principios, derechos, valores o instituciones, lo cual no hizo fácil la adhesión robusta. Así las cosas, ¿cómo hacer para que, a previsiones como el derecho a la neurodiversidad o la característica andina del buen vivir, se les puedan brindar las respuestas adecuadas?

Existe consenso respecto a que el estancamiento constitucional no es viable. Un 38% de los chilenos votó a favor y, según una encuesta posterior al rechazo, 78% cree que la Constitución debe reformarse en el corto plazo; dentro de poco asistiremos a la continuidad del proceso constitucional. 

Seguramente, en esta nueva convocatoria habrá más de Estado social de derecho en el sentido tradicional. Los partidos (que ya hicieron el ajuste en 2021) recuperarán capacidad de mediación. Podrán plantearse reformas institucionales sobre bases más equilibradas. Ello no obstaculizará la representación de comunidades diversas. 

Pero el pueblo, que quiere una nueva constitución, no admite una ruptura tan honda. Ni siquiera resulta evidente el sostenimiento de candidatos independientes (nadie quiere de nuevo personajes disfrazados o mitómanos inventándose pasados dramáticos), o extensos cupos reservados a pueblos originarios. Algunos ya han propuesto trabajar sobre un texto base encargado a expertos. 

Mientras el presidente Gabriel Boric restaña heridas autoinfligidas, subsisten las necesidades. Y un piso muy alto de ciudadanos continúa esperando urgentes respuestas. 

(*) Docentes, UNC