ESCUCHARLa diputada nacional de Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO) presentó un proyecto de ley que establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes, alegando razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial.
Asimismo, contempla que quedarán inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena.
Entre los argumentos, la iniciativa consigna que los bloqueos que efectúan algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las personas y los vehículos sino que además dañan la propiedad privada.
“La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales pone en riesgo la capacidad económica de las empresas” y el ejercicio del derecho a trabajar.
En esa línea, plantea que, mediante la intimidación, los denominados “bloqueos sindicales” impiden la libre disponibilidad de los bienes del comercio afectado y generan importantes pérdidas económicas que ponen en riesgo la estabilidad laboral de sus empleados y, en ciertos casos, provocan el cierre definitivo de los establecimientos.
Además, indica que la extorsión por motivos sindicales aumenta “frente a la preocupante pasividad del Estado Nacional”.
“En este último tiempo fueron de público conocimiento los casos de la bonaerense Lácteos Vidal y la mendocina Mail Express”, resalta el texto.
A diferencia de otras iniciativas, el articulado que redactó Rodríguez Machado solicita la incorporación del artículo 168 bis del Código Penal por menoscabo a la propiedad privada.
“El ejercicio abusivo de los derechos parece ser la clave de la época que nos toca vivir. La mezquindad que provoca la falsa representación de intereses gremiales pone en riesgo la capacidad económica de las empresas sometidas a extorsión y, por carácter transitivo, el ejercicio del derecho al trabajo”, resaltó la cordobesa.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento, entre otros, de los diputados nacionales Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Alfredo Schiavoni y Pablo Torello.
