ESCUCHARSe suscribió un acuerdo en el marco de una pesquisa transnacional. Tiene como objetivo coordinar acciones entre las autoridades para impulsar causas de manera más eficaz y proteger la vida e integridad física de las víctimas
Argentina y Chile crearon un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en el marco de un caso transnacional de trata de personas.
Con ese fin, suscribieron un acuerdo inédito: es la primera vez que ambos países se comprometen en tal magnitud.
La medida se concretó en línea con lo dispuesto por el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que, a su vez, se aplica al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres e infantes.
Las directoras del equipo serán, por parte de Argentina, Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12; y por parte de Chile, Caroline Matamala, titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.
Pedido
El pedido para la conformación del ECI lo formuló el juez Julián Ercolini ante las autoridades de la Cancillería, al admitir un requerimiento promovido por Mángano, quien contó con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó.
El ECI intervendrá en un caso en el que se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en el cual se identificó una maniobra puntual, caracterizada por su desarrollo y comisión simultáneamente en los dos países.
Por este motivo, se consideró esencial la cooperación entre Argentina y Chile a fin de llevar a cabo una investigación más eficaz y rápida, sin las limitaciones que la frontera suele plantear.
Uno de los ejes fundamentales del ECI es la protección y salvaguarda de la vida e integridad física de las víctimas.
En ese contexto, sus autoridades tendrán la facultad de dirigir la investigación conjuntamente, diseñar estrategias y recabar evidencia de la misma manera que lo hacen diariamente en sus respectivos países.
Los funcionarios de éstos manifestaron su intención de que este ECI sea el primero de muchos que se conformen entre Argentina y Chile y con el resto de los países de la región, con el fin de enfrentar la criminalidad organizada internacional de forma más efectiva.
Un ECI es un mecanismo de cooperación internacional que permite, por medio de un instrumento específico que se celebra entre autoridades competentes de dos o más Estados, conformar un marco de cooperación y coordinación estable en el tiempo para realizar investigaciones en el territorio de alguno o de todos los países participantes.
Cabe destacar que en julio pasado Argentina fue ubicada en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas, junto a un grupo de 30 países sobre un total de 188.
En América Latina, comparte la calificación con Chile y Colombia.
El Informe Anual sobre Trata de Personas 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, clasifica los países en cuatro niveles según los esfuerzos que realizan en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.
En ese ranking, Argentina se ubicó nuevamente en el nivel 1, la máxima categoría.
En el capítulo referido al país, el documento señaló que “cumple cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata” y que “continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe”, que consideró los efectos de la pandemia.
El relevamiento también elogió las capacitaciones para fiscales, agentes del orden público y funcionarios judiciales, en formatos virtual y presencial, y destacó los acuerdos de cooperación específicos para el tráfico con otros gobiernos de la región.
En tanto, le propuso recomendaciones al país para el año que viene; entre ellas: fortalecer los esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los tratantes; mejorar la asistencia a las víctimas e incluir más refugios especializados destinados a las víctimas masculinas.
También resaltó la importancia de imponer sanciones adecuadas; documentar y abordar la complicidad oficial y destinar financiación específica para combatir el delito.
