ESCUCHARMendocino, tenía 73 años y padecía ELA. Desde que fue diagnosticado reclamó que el Legislativo sancione una norma que permita poner fin a la vida cuando la enfermedad la vuelve insoportable
A los 73 años, a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), falleció el político, abogado y jurista mendocino Daniel Ostropolsky.
Durante el último tramo de su vida, ya bastante impedido por su enfermedad, Ostropolsky impulsó el debate por la eutanasia en el país.
De militancia radical, se desempeñó como funcionario del Gobierno de Mendoza: ocupó la Subsecretaría de Recaudación y Control del Ministerio de Hacienda, en la gestión de Santiago Llaver.
Durante la presidencia de Fernando de la Rúa fue director del Banco de la Nación Argentina.
En 2010, integró el Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de los abogados con matricula federal del interior del país.
También trabajó en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza.
En 2017 le diagnosticaron ELA. A partir de ese momento, con un pronóstico desalentador, comenzó a reclamar que se legalizara la eutanasia.
En junio del año pasado, en España comenzó a regir la denominada Ley de Eutanasia. La regulación de la práctica contó con amplio consenso social (en torno a 80 por ciento, según algunas encuestas).
El Legislativo había rechazado tratar la cuestión en cuatro ocasiones, pese a los reclamos de varios pacientes terminales que llegaron a los titulares.
El último caso mediático fue el de Ángel Hernández, incriminado por cooperación en el suicidio de su esposa, en abril de 2019, pese a que ella le dio su consentimiento y lo grabó en video.
El pionero fue Ramón Sampedro, tetraplégico gallego, a quien le facilitaron la muerte en 1998, cuya historia de vida fue llevada al cine por Alejandro Amenábar en la película Mar Adentro.
Al acoger el precedente “Gross c/ Suiza”, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), España se sumó a los pocos países que tienen leyes sobre eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda. En Colombia y Perú se hizo mediante jurisprudencia constitucional. También la permiten algunos Estados de EEUU y de Australia.
La entrada en vigor de la ley española y los planteos que venía haciendo Ostropolsky reavivaron el debate por la eutanasia en el país.
En ese momento, Ostropolsky -padre de cinco hijos y abuelo de siete nietos- todavía podía hablar, deglutir y respirar por sus propios medios y usaba la computadora.
Sin embargo, una guardia de enfermeras lo cuidaba 24 horas y un equipo integrado por médicos (clínico y neurólogo) y kinesiólogos, entre otros, lo asistía.
Ostropolsky, doctor el leyes, estudió su enfermedad y en varias ocasiones reclamó que la eutanasia se legislara.
Previamente a la entrada en vigencia de la ley española, entrevistado por Infobae, dijo: “Quiero morir a tiempo, no antes pero tampoco después”.
“No se conoce ni hay registro de caso alguno de remisión de la enfermedad. Nadie se cura”, precisó. “No tengo idea cuánto tiempo me queda, más bien imagino que la duración de mi vida no se mide en tiempo sino en calidad de vida”, añadió.
Con sus capacidades físicas ya limitadas, citando a Ulpiano, pidió que se le diera “a cada uno lo suyo”; en palabras del mendocino, “el ejercicio del derecho inalienable y personalísimo a la libertad para decidir, cuando llegue el momento, a terminar con una existencia tan atroz como innecesaria frente a una enfermedad irreversible e incurable”.
Tiempo antes, el jurista sostuvo: “De nada sirve que se mantenga inútilmente un estado de caquexia en que la vida ya no es tal, reducido al dolor permanente y sin esperanza alguna de alivio ni mejoría”.
Además, estimó que negarse a auxiliar a quien busca evitar un tormento es injusto “porque niega el derecho a que cada quien pueda hacer efectiva la decisión que en libertad asume sobre su propia existencia”.
En una columna de opinión titulada “La ley que falta”, presentó el tema como un dilema que la sociedad deberá evaluar. “O se asume de una buena vez la solución mediante el dictado de una ley de eutanasia restringida sólo a los casos que cumplan los requisitos, los que, con diferencia de matices, requieren que se trate de una enfermedad incurable, que se encuentre en estado terminal, que la vida haya dejado de ser digna como consecuencia de la enfermedad y que se preste conformidad clara, completa, informada y precisa; o, por el contrario, se persiste en procrastinar, mirando para otro lado, negándose hipócritamente a considerar, debatir y definir el tratamiento del tema, dando largas al asunto para no herir susceptibilidades sin valorar el sufrimiento de los que padecen lo indecible y claman por liberarse”, escribió.
Ostropolsky comparó el debate que se avecina con los de las leyes de divorcio, el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo: “Más temprano que tarde las instituciones tendrán que hacerse cargo de las reformas que la sociedad reclama”, enfatizó. “¿El ser viviente no humano tiene más derecho a la muerte digna que el humano que hace las leyes?”, se preguntó, y recordó que ya se concibe y aplica sin cuestionamientos éticos ponerle fin al sufrimiento de un animal.
A la fecha, hay en el Congreso Nacional dos proyectos para legislar la eutanasia.
Se trata de las denominadas Ley Alfonso, propuesta por el Frente de Todos (FdT), y Ley de Buena Muerte, impulsada por la UCR.
El primer articulado lo promovió la diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez, en 2019.
Le debe su nombre a Alfonso Oliva, un joven cordobés que falleció en ese año, a los 36 años, después de pasar un lustro con ELA.
Luego de recibir su diagnóstico, Alfonso se deterioró rápidamente y pidió un marco normativo, hasta que murió.
La iniciativa habla del “derecho a la prestación para la ayuda para morir dignamente”. A diferencia de la Ley de Muerte Digna, que permite suspender un tratamiento, implica acciones activas: contempla la finalización intencional de la vida de un paciente por la actividad de un médico, bajo condiciones.
El segundo texto fue presentado por los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) Jimena Latorre y Alfredo Cornejo en noviembre del año pasado.
Lo definieron como superador de la Ley de Muerte Digna, la que consideraron “sumamente incompleta”.
Al respecto, Cornejo -ya senador electo- opinó que la normativa vigente “en muchos aspectos transforma la muerte digna en bastante indigna”. Sobre el articulado, indicó que regula el derecho a “solicitar la ayuda necesaria para morir” cuando se sufren “enfermedades graves e incurables, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”. Además, resaltó que los requisitos son muy específicos.
En la conferencia de prensa organizada para hacer el anuncio, en el Comité de la UCR en Mendoza, estuvo Ostropolsky.
Cornejo aludió a él durante su alocución. “La iniciativa política es nuestra pero la iniciativa jurídica y también política es de un dirigente, militante de la UCR”, dijo.
La iniciativa crea una comisión de asistencia y análisis médico en cada provincia, que será la encargada de aprobar o no cada caso.
No contiene un listado de enfermedades según el cual se pueda aplicar la eutanasia: lo fundamental es que se trate de un padecimiento grave, irreversible, incurable y que implique un sufrimiento de tales magnitud, dolor y gravedad que sea incompatible con la dignidad humana.
La apreciación del cuadro será resorte de las comisiones provinciales, que además de galenos serán integradas por juristas y psicólogos.
El articulado establece que si un pedido es negado, el paciente podrá recurrir para que sea analizado por la comisión en pleno.
Latorre -por su parte- recordó que, como toda ley, estará sometida a la reglamentación del Ministerio de Salud, que establecerá los protocolos correspondientes. Anunció que la bancada que integra buscará tratar en comisiones el proyecto que elaboró junto a Cornejo. Adelantó que una vez reunida la comisión informativa convocarán a referentes y expertos para “nutrir argumentos en la construcción de un debate informado y serio”.
Sobre quienes se oponen a las leyes de eutanasia, afirmó que al usar términos como “suicidio asistido” o “instigación al suicidio” desinforman y les quitan a otros “el derecho a la dignidad humana”.
La radical aclaró que no se contactó con ningún representante religioso para hablar de la propuesta y que no lo hará. “En un país laico no se puede legislar con base en los pedidos de una religión en particular”, aclaró.
En Argentina hay dos marcos regulatorios que habilitan la toma de decisiones al final de la vida: la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009 y modificada en 2012 (también llamada Ley de Muerte Digna), que permite a toda persona opinar sobre el tratamiento que desea o no recibir; y las disposiciones del Código Civil vigente desde 2015, que en sus artículos 59 y 60 norma el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud y las directivas médicas anticipadas, respectivamente.
La legislación sancionada en 2012 permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de una “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”, pero no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido.
