ESCUCHARAlberto Fernández dio una entrevista en TN para referirse a la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner. Respaldó el tenor de las publicaciones de la principal acusada en “Vialidad” en las redes sociales y aseguró que es ella “la que no quiere pensar en un indulto”.
“Cuando venía para acá vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto y la amnistía que retuiteó Cristina, con lo cual debo entender que la que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo dije siempre lo mismo: el indulto es una rémora que quedó en la Constitución Nacional, de la monarquía”, narró.
También fustigó al Poder Judicial. “Tenemos una Justicia que se parece más a la Justicia de una monarquía que a la Justicia de una democracia, por cómo funciona. Es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos, donde los poderes fácticos operan e influyen y todos los saben”, propaló el jefe de Estado.
“Ningún funcionario tiene más derechos que un ciudadano, pero tampoco tiene menos. Y yo como Presidente tengo los mismos derechos que cualquier ciudadano y tengo derecho a expresarme, máxime cuando uno ve lo que está pasando en la Justicia y en esta causa”, planteó.
Pese a los reclamos de la oposición y de grupos que nuclean a jueces y a fiscales para que cese la injerencia del Ejecutivo en expedientes en trámite, Fernández volvió a hablar del acusador en “Vialidad”, Diego Luciani. “Más allá de la carencia de pruebas que el fiscal demostró, partía de una premisa insólita que decía que ella como presidenta no pudo no saber lo que pasaba”, juzgó.
“En esta causa Cristina no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?, dijo, apuntalando nuevamente la tesis defensiva mediática de la alta funcionaria.
Consultado por su afirmación sobre que renunció como jefe de Gabinete por las irregularidades en la concesión de obra pública, aseveró: “Yo no dudo de la honestidad de Néstor, en todo caso le estamos cuestionando lo mismo, que hacía operaciones inmobiliarias con alguien que estaba vinculado al Estado”.
En otro tramo de la entrevista dijo que ni Cristina él quieren “defender ningún acto de corrupción ni queremos que no se investiguen”.
“No nos une la búsqueda de impunidad sino la búsqueda de justicia”, declamó, y dijo que quiere “estar cerca” de la el presidenta porque “la están lastimando injustamente”.
En el marco de la entrevista se dio un inquietante diálogo con el periodista Edgardo Alfano.
Alfano expuso: “Siempre está el recuerdo de Nisman. ¿Cómo toma usted que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales?”.
Fernández contestó: “Sí, el tema es… Si alguien está pensando en que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente le regalaría algunos tratados de derecho penal al fiscal Luciani. Por mucho que grite justicia y corrupción dijo un sinfín de disparates jurídicos”. Y siguió: “Realmente alentar la idea que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, creyó cumplirlo adecuadamente diciendo lo que dijo. Yo lo escuché y me pareció un disparate”.
Luciani formuló su pedido de condenas en “Viabilidad” el lunes y tanto el presidente como la cuenta oficial de Casa Rosada respaldaron enfáticamente a Fernández de Kirchner.
El jefe de Estado escribió: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.
También consideró que hay “una persecución judicial y mediática” en contra de la alta funcionaria.
Luego, Presidencia se manifestó en sentido similar.
“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta que quedó expresada, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, posteó.
Presidencia también juzgó que “ninguno de los actos” atribuidos a Fernández de Kirchner se probó y que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía”, lo cual, según expuso, “degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
La cuenta oficial de Rosada se solidarizó con la vice mandataria por lo que definió como “búsqueda de proscripción”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (AFFUN) respondió.
Así, a horas del cierre de la última jornada de alegatos de la acusación en el juicio por irregularidades en la concesión de obra pública al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, planteó su “honda preocupación” por la publicación del jefe de Estado y de la Casa Rosada.
El grupo sostuvo que cuestionamientos como los que se ventilaron “a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo” son “una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público”, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía.
También recordó que en el debate todavía resta que se pronuncien los letrados de los acusados, que a partir del 5 de septiembre darán sus razones “en el ejercicio del derecho de defensa y el estado de inocencia que aún perdura entre los imputados”.
Bajo esa premisa, AFFUN recordó que el juicio es el “lugar indicado por la ley para que tal hecho se produzca”.
La entidad encabezada por Carlos Rívolo y Susana Pernas cerró su comunicado solicitando “la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes”.
El martes, luego de que la acusada se explayara mediáticamente sobre su situación procesal, con incendiarias denuncias e interpretaciones, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió “expresiones perjudiciales para el sistema republicano”.
Remarcó que miembros del Ejecutivo y del Legislativo usaron “calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso”.
La AMFJN fustigó el uso de consignas que tiendan a descalificar la legitimidad de la tarea que llevan adelante el Judicial y los Ministerios Públicos y que “generan desconfianza en la ciudadanía”.
En el escrito firmado por el presidente de la asociación, Marcelo Tagle, y de su secretario general, Marcelo Peluzzi, también se subrayó que la causa que involucra a la vice está “transitando las etapas en las que las partes ejercen sus derechos”.
El martes, luego del discurso de la ex jefa de Estado -y de una nueva devolución del presidente, que opinó que fue “espléndido”- Fiscales de América Latina se solidarizaron con Luciani y su colega Sergio Mola, objetivos, entre otros, de los ataques de la alta funcionaria.
La Federación Latinoamericana de Fiscales aseguró que hay expresiones provenientes de los gobernantes, como hablar de “persecución, que tensionan “los principios de un Estado de Derecho”, son “una injerencia indebida en la tarea judicial” y ponen “en crisis la democracia y la separación de poderes”.
Advirtió que la independencia judicial debe estar garantizada en una república y señaló: “Las resoluciones judiciales se pueden combatir dentro de los procesos judiciales. Eso puede plantearlo perfectamente la defensa de Fernández de Kirchner”.
Sobre los pronunciamientos del presidente hasta ese momento, Ronald Segura -presidente de la agrupación integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay– aseveró que “lo hace porque es su compañera de fórmula” y que “no saldría un comunicado así por un ciudadano común”.
“Esta situación puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto y es totalmente inadecuado”, añadió.
Dijo también que sectores del oficialismo están hablando de movilizaciones y planteó su preocupación por la seguridad personal de los fiscales.
“Ya hay cuatro fiscales asesinados en la región (Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución judicial a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina que ha sido un referente en fortalecer la democracia”, aseguró.
El comunicado subraya que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con “alta trascendencia social” o a líderes de organizaciones delictivas “se pretendió atacar las investigaciones desacreditando o amedrentando la persona de los operadores; en especial, a los fiscales”.
“Se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”, resaltó.
En otro tramo del texto que difundió, la federación expuso: “La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo o cualquier otro sector de poder”.
El grupo de fiscales latinoamericanos estimó que hay “una aparente intención de contaminar las investigaciones sobre importantes hechos de corrupción y cercenar las capacidades investigativas de la Fiscalía”.
“Hemos observado que, en estos días, el presidente, durante el juicio oral y público, después de que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial adoptando la condición de parte, aún antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del Ministerio Publico Fiscal”, dice el escrito.
“Convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de Argentina, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”, cerró el comunicado.
Finalmente, aclaró que su “llamado de atención” no pretende establecer “una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial” sino que, por el contrario, tiene el objetivo de “poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que les corresponde a los fiscales en el legítimo ejercicio funcional, en defensa de lo establecido en las constituciones nacionales y las leyes reglamentarias que rigen su ejercicio”.
Cabe recordar que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, reforzó la seguridad de los magistrados que juzgan Fernández de Kirchner y a ex funcionarios de su gobierno.
Tras una serie de amenazas verbales y de mensajes de militantes kirchneristas que instan en la redes sociales a ir a sus casas para “escracharlos”, Rosatti le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que aumente la custodia de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y se dispuso que la Policía Federal designe más efectivos.
El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, le consultó a Luciani y Mola si quieren más custodia, pero, por ahora, ambos dijeron que no.
Uno de los posteos que encendió las alarmas lo hizo el juez y militante ultracristinista Juan Ramos Padilla, padre del también magistrado Alejo Ramos Padilla.
Al igual que el jefe de Estado, en su posteo también conectó el supuesto suicidio de Nisman con la causa por corrupción en la obra pública. Escribió sobre Luciani: “Que le pongan un psicólogo para que no se suicide”.
Para Ramos Padilla padre, varias veces denunciado por explícita participación política y sus violentos mensajes en Twitter (usualmente, pésimamente redactados), el representante del Ministerio Público necesita “un examen psiquiátrico”.
Además, recordó que “otro día” dijo: “Los jueces perdieron el miedo, hay que devolverles el miedo a que se les aplique la ley a ellos. Entonces, ¿yo soy violento? Ellos tienen que tener miedo en no cometer delitos”.
