La Secretaría General de la Presidencia apeló el fallo que ordenó la entrega de datos sobre el uso de fondos públicos por parte de Fabiola Yáñez durante el aislamiento de 2020, así como de los empleados y de las actividades de la primera dama.
La causa la inició la diputada nacional Karina Banfi (UCR) hace un año y el fallo data de julio pasado.
La legisladora criticó la presentación del recurso y estimó que se trata de “una nueva traba burocrática” que viola el derecho de acceso a la información pública.
“Lejos de sumar un ápice de transparencia a la gestión de Alberto Fernández, la Secretaría General de Presidencia argumentó falazmente que ya entregó la información solicitada. Sin embargo, nada explican sobre Sofía Pacchi -que insiste en decir que fue empleada de la primera dama- o Emmanuel López -que según se reveló recientemente circulaba como empleado de Yáñez-”, indicó Banfi.
La radical recordó que el acceso a la información es un derecho amparado por la Constitución y por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En esa línea, valoró que la apelación “desnuda una postura negadora” de aquél y un “empecinamiento preocupante y retrógrado en pos del secreto de Estado”.
La diputada de Juntos por el Cambio solicitó que se confirme lo resuelto en la sentencia apelada.