ESCUCHAR“Fácilmente se deduce la existencia de una decisión de autoridades políticas -en principio, en el seno del Ministerio de Defensa- de no apelar la resolución judicial en cuestión y de una intervención tardía conferida al Ejército Argentino”.
Bajo esa premisa, el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió al juez Daniel Rafecas que cite a indagatoria a cinco funcionarios públicos, por apelar fuera de plazo el decisorio dictado en Bariloche que ordenó la entrega de tierras del Ejército a la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue, que quedó firme.
Stornelli presentó su dictamen por la presunta comisión de los delitos de violación de deberes y prevaricato por parte de Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; de los letrados de la cartera Nicolás Rodríguez Vaccarezza, Leonardo Havela y Agustín Gasparini y de Julián Fernández Duarte, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El expediente comenzó a intuirse por una denuncia que presentaron diputados nacionales de Juntos por el Cambio.
Entre las pruebas que citó el agente para formular su solicitud figuran mensajes del sistema interno de Defensa. En uno de ellos, Rodríguez Vaccarezza le dice a Vázquez: “Ya me bajaron la orden de no apelar; cualquier cambio de rumbo le aviso”.
En tanto, en otro texto que Rodríguez Vaccarezza le envió a Vázquez cuando faltaban 11 minutos para que feneciera el plazo de apelación, escribió: “Doctora, recién me llamó el director de asuntos jurídicos del ministerio. A pedido del Ejército quiere que apelemos la sentencia. Le pido que este atenta ya que en algún momento del día o inclusive en el fin de semana le voy a enviar la apelación”.
El recurso se presentó, pero la Cámara Federal de General Roca lo desestimó porque fue promovido fuera del plazo legal.
El fiscal resaltó la importancia de la causa para el Ejército Argentino y detalló que el inmueble afectado forma parte “del único y distintivo complejo educativo de nivel internacional” que el Ejército y las Fuerzas Armadas en su conjunto disponen en la cordillera de los Andes para desarrollar la instrucción centralizada y especializada de su personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña”, indicó.
Además de las indagatorias, Stornelli peticionó más medidas de prueba para profundizar la investigación, al entender que se podría estar “frente a una acción o conjunto de acciones coordinadas y sistemáticas deliberadamente pergeñadas” en distintos ámbitos de la Administración que tendrían el fin de “favorecer a determinado grupo o grupos de personas u organizaciones delictuales” que podrían tener lazos con estructuras terroristas internacionales o ligadas a la narco criminalidad.
