ESCUCHARMás de 200 chilenas que se embarazaron durante la cuarentena porque los anticonceptivos que tomaban eran defectuosos analizan demandar al Estado.
Se trata de la droga Anulette CD, fabricada por los laboratorios Andrómaco y Silesia, de la farmacéutica Grünenthal.
Dos lotes administrados por los servicios de salud pública de Chile presentaron fallas en los envases o tenían comprimidos de placebo.
El Instituto de Salud Pública (ISP), ente regulador de medicamentos, les impuso multas a las firmas por más de 90 mil dólares.
No obstante, al considerar que lo sucedido implicó una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las afectadas, el Movimiento para la Interrupción Legal del Embarazo (Miles) inició un procedimiento de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, que derivó en una compensación económica por parte de los laboratorios, cuyo monto es confidencial.
Deuda
No obstante, Javiera Canales, directora de la Corporación Miles Chile, apunta a la deuda del Estado. “Hemos conversado con el actual Ministerio de la Mujer y el de Salud. Si en el corto plazo no llegamos a algún acuerdo, vamos a ingresar la demanda que estamos trabajando”, anunció en una entrevista con el medio español El País.
Miles Chile aseguró que intentó llegar a un acuerdo y que fracasó porque el Estado rechazó la condición mínima de negociación: crear un protocolo estandarizado que obligue a los centros de salud a llevar un registro del número de lote de las pastillas que se entrega a cada usuaria; generar contenido sobre los pasos a seguir en caso de denegación ilegal de una interrupción voluntaria del embarazo y publicarlo en las páginas web de los centros y dar atención gratuita en salud mental a las afectadas.
Cabe recordar que en enero pasado tres instancias de Naciones Unidas llamaron al Estado chileno a “reparar” a las víctimas.
Luego, en mayo, los ministerios de Salud y de la Mujer del gobierno de Gabriel Boric anunciaron medidas para prevenir fallas en la fabricación, comercialización y entrega de anticonceptivos; entre ellas, establecer una diferenciación de colores y formas de las pastillas con principio activo y las de placebo (ya ocurre en la mayoría), cambios de rótulo y de folleto y avanzar en la disminución de puntajes en las compras públicas de los laboratorios sancionados.
Según Canales, la iniciativa es buena pero no basta porque no establece la trazabilidad de las mujeres que consumieron el anticonceptivo defectuoso.
“La información de los servicios de salud públicos no está unificada. Mientras eso no ocurra, como mínimo, tiene que haber reparaciones psicológicas, subsidio habitacional o a la educación y cuidado del hijo”, estimó.
Proyecto
A raíz del caso, recientemente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados impulsó un proyecto de ley para reformar el Código Sanitario de Chile y establecer una presunción de responsabilidad civil por los daños causados por anticonceptivos que fallaron.
El texto incluye una presunción de causalidad siempre y cuando exista un embarazo, el medicamento haya sido declarado defectuoso por el ISP y la mujer haya tomado el medicamento cuyo número de serie corresponde al del error.
Richard Nevares, gerente General de Grünenthal Chile, participó de la sesión y expuso la complejidad que representa determinar desde el punto de vista científico que la causa del embarazo no deseado sea la inefectividad del anticonceptivo oral, ya que hay diversos factores que influyen. Su primer argumento fue que no son 100% efectivos y enumeró distintos tipos de defectos, como el mal rotulado.
Por su parte, Elmer Torres, vicepresidente de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, aseguró que la eventual aprobación de la norma con base en “presunciones” puede tener un efecto contraproducente, al “desincentivar el sistema de alertas y retiros voluntarios”.
