ESCUCHARLa Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) denunció ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al juez Civil y Comercial de La Carlota, Rubén Alberto Muñoz.
Mediante una carta dirigida a los vocales del TSJ, el gremio advirtió de que el magistrado ha elaborado una “guía laboral” de su autoría que delega tareas que le son propias e instrumenta medidas que violan la ley que rige la jornada de los empleados judiciales.
Según explicaron, el juez hace responsables a los empleados de las causas judiciales en su tramitación integral, desde su inicio hasta el dictado de la sentencia, en abierta violación de las funciones establecidas en la Constitución y las leyes en cabeza de los magistrados y funcionarios, por las cuales éstos perciben un salario diferenciado.
“En la guía de trabajo que exige este magistrado, los empleados tienen un listado de tareas que abarca casi una carilla (barandilla, compulsa de documental, decretos preliminares, primer decreto de trámite, los de mero trámite y medidas cautelares, la redacción de los autos y sentencias, la ejecución de la sentencia y el control de su liquidación, además de las órdenes de pago), quedando muy pocas tareas de responsabilidad exclusiva de los prosecretarios y secretarios”, advierte la misiva.
En este marco, la AGEPJ solicitó al TSJ “haga cesar este proceder ilegal del juez y, a su vez, se reservó iniciar acciones gremiales para obtener el fin de las mismas”.
Al respecto, el secretario General de la AGEPJ, Federico Cortelletti, expresó que “el juez de La Carlota incurre en ignorancia de la ley” o en un gravísimo error al considerar que el trabajo judicial se computa por productividad o a destajo y no por jornada horaria. “Si el personal o las horas diarias no son suficientes para afrontar el trabajo, son precisamente los funcionarios y magistrados con el juez a la cabeza, quienes tienen la responsabilidad funcional de llevar el despacho al día”, planteó.
“Lo que pretende hacer este magistrado excede largamente sus facultades como jefe de un juzgado, intentando regular unilateralmente la relación laboral que lo vincula con los y las trabajadores/as de esa dependencia. Es inaudito, inaceptable y un bochorno social que un juez descargue en un empleado la responsabilidad del dictado de una sentencia. Es interesante preguntarse por qué concepto cobraría el juez y los funcionarios si delegan todo en los empleados ”, concluyó Cortelletti.
