ESCUCHAREl fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, presentó cinco denuncias penales para que se determine quiénes fueron los responsables de otorgar 1.200 vacunas a personas que no estaban dentro de las prioridades establecidas por la emergencia sanitaria de 2020.
Rodríguez interviene junto al fiscal Eduardo Taiano en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”, en la que está imputado, entre otros, el ex ministro de Salud Ginés González García.
En ella se investigan las responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios públicos que organizaron un sistema de inmunización en dependencias de la cartera sanitaria, con dosis asignadas al Hospital Posadas, que depende del Estado nacional.
La operatoria bajo pesquisa, que se concretó cuando las dosis eran escasas, salió a la luz cuando, en febrero de 2021, el periodista Horacio Verbistky contó que le habían aplicado la vacuna Sputnik V.
La PIA analizó la documentación aportada al expediente “Vacunatorio VIP” por el Estado nacional y no se limitó a investigar lo sucedido en el Ministerio de Salud y en el Posadas. También cruzó los datos de las dosis enviadas y recibidas por cada centro de salud dependiente de Nación, entre otras medidas.
En la lista de los “vacunados VIP” figuran el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa; el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa y las hijas de ambos; el actual ministro de Defensa Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés.
Buena parte de “los VIP” fueron registrados como personal de salud en los listados del Posadas.
Cuando trascendió la maniobra, se presentaron varias denuncias que confluyeron en un solo expediente que quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Además, el escándalo produjo la salida del ministro de Salud: Alberto Fernández le pidió la renuncia y fue reemplazado por Carla Vizzotti.
La PIA analizó la documentación aportada al expediente “Vacunatorio VIP” por el Estado nacional y no se limitó a investigar lo sucedido en el Ministerio de Salud y en el Posadas. También cruzó los datos de las dosis enviadas y recibidas por cada centro de salud dependiente de Nación y cotejó los nombres de los vacunados asentados en el Registro Federal de Vacunación y de los profesionales inscriptos en el Registro Federal de Personal de Salud.
Revisó todas las vacunas aplicadas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en siete establecimientos de salud dependientes de la Nación, detectó 1.200 anomalías y formuló cinco denuncias.
En las exposiciones se aclara que el alcance de la investigación es provisorio debido a que deben depurarse los listados originales que fueron soporte de la pesquisa debido a la amplitud del concepto de “personal de salud” contenido en el denominado “plan estratégico”, que abarca a “toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas”.
“No puede descartarse que, en su respuesta, el efector denunciado haya omitido la inclusión de personas que en el período de los hechos hayan llevado adelante tareas presenciales en el establecimiento bajo otros regímenes, tales como empleados de servicios tercerizados”, puntualizó la PIA.
Por otro lado, indicó que la inscripción en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud es voluntaria y que, por ello, “debe ser tomado como indicativo” y no como “una nómina completa y definitiva de todos los profesionales de la salud del país”.
