ESCUCHAREn su primera decisión con su integración ampliada, el Consejo de la Magistratura de la Nación apartó del concurso para cubrir una vacante en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal al juez mendocino Walter Bento, procesado por corrupción.
La solicitud de apartar a Bento fue formulada por el representante de los magistrados, Ricardo Recondo.
El consejo citó al Reglamento de Concursos que, en sus artículos 16 y 17 señala que no se podrán inscribir candidatos sometidos a proceso penal pendiente por delito doloso.
En septiembre de 2021 la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de los 22 integrantes de la asociación ilícita que habría liderado Bento, que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales en las causas en las que intervenía el sentenciante, por cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
En diciembre pasado, el juez federal subrogante de Mendoza Leopolgo Rago Gallo hizo lugar a un pedido del fiscal Dante Vega (también subrogante) y sumó imputaciones en el expediente.
Otras cuatro personas quedaron imputadas. Se trata de abogados e intermediarios que obraban en nombre del magistrado y que habrían intervenido en el cobro de sobornos a un contrabandista -también incriminado- para que se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria, que luego violó.
La Policía Federal detuvo en Buenos Aires a una persona, señalada como facilitadora de los arreglos que la organización criminal cerraba con quienes compraban beneficios. Es un letrado de confianza de Bento y cumplía un rol similar al de Diego Aliaga, un corredor de aduana hallado muerto en 2020.
El hombre solía reunirse con otros encartados y su esposa es funcionaria de la Justicia federal, por lo que para Vega es verosímil no sólo que estuviera al tanto de los movimientos de la organización sino que, también, accediera a información por intermedio de su pareja.
Además, era propietario de la camioneta que manejaba Aliaga el día en el que fue secuestrado, semanas antes de que su cuerpo sin vida fuera encontrado en un campo de Lavalle (Mendoza).
Así, tres nuevos hechos se le imputan a la organización, todos relativos a coimas. El primero es un soborno pagado por un imputado por contrabando para obtener el beneficio de prisión domiciliaria. Según la hipótesis, por medio de Aliaga, le entregó a la banda que lideraba Bento un departamento a modo de “garantía”. El segundo y el tercero son por pedidos de sobornos a cambio de disponer libertades. En todos los casos, el abogado aparece como nexo.
La investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa, en la que se descubrió que un imputado por narcotráfico intercambiaba con su abogado mensajes que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener libertades y otros “favores” judiciales en expedientes que tramitaba Bento, en el Juzgado Federal Número 1.
Para el Ministerio Público Fiscal, en el fuero federal mendocino obró una organización ilícita que ofrecía beneficios procesales a cambio de de sumas en dólares, en causas vinculadas con contrabando, tráfico de estupefacientes, evasión fiscal y trata de personas, entre otros delitos.
El agente describió que los imputados se complementaban mutuamente: mientras algunos solicitaban sobornos directamente a las personas detenidas, otros lo hacían a sus familiares y amigos.
Vega ubicó a Bento en la cima del esquema, por su cargo, y al fallecido Aliaga como su mano derecha.
Por debajo estaban un organizador -quien sumaba su influencia para que los detenidos mintieran en sus declaraciones y obturaran investigaciones potencialmente perjudiciales para el magistrado- y abogados que ofrecían servicios ilícitos e intervenían para concretar pactos.
En marzo pasado, el juez Rago Gallo hizo lugar al pedido formulado por Vega, en conjunto con Mario Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y convocó a declaración indagatoria a dos hijos de Bento.
Nahuel y Luciano Bento fueron imputados por el MPF como coautores -junto a su padre y su madre, Marta Boiza- del delito de lavado de activos de origen ilícito.
La fiscalía solicitó además la prohibición de salida del país de ambos y la retención de sus documentos de viaje.
Los delitos de carácter económico están centrados en el análisis del patrimonio familiar a partir de 2010, cuando éste comenzó a evolucionar de manera ostensible, con un incremento de operaciones relativas a la compra de inmuebles, automotores, participaciones en fideicomisos inmobiliarios y gran cantidad de viajes al exterior.
Del análisis global de la prueba surgen elementos indicadores de la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado, ya que el patrimonio de los procesados y de su entorno cercano no es compatible con el que legítimamente podrían disponer.
De acuerdo con la imputación de la fiscalía, Bento y Boiza incorporaron bienes al patrimonio mediante la realización de actos jurídicos concretos (compras, ventas, donaciones, participación en fideicomisos, administración) con un grado de simulación suficiente para aparentar su legalidad, con la finalidad de diversificar y distribuir los activos entre sus tres hijos, a cuyo nombre ha sido inscripta la mayor parte de los bienes adquiridos, para lograr su desvinculación de los delitos investigados.
Según la acusación, Nahuel y Luciano Bento participaron de la puesta en circulación de fondos de procedencia ilícita.
Todas las maniobras tenían, además, la finalidad de darle apariencia lícita a dinero de origen delictivo mediante su incorporación al sistema económico formal.
Nahuel Bento fue señalado por adquirir un departamento, una cochera y una baulera, cuatro automóviles cero kilómetro y distintos locales comerciales y su posterior explotación económica. Su hermano también está investigado por la compra de tres inmuebles, y la compraventa de dos rodados.
En ambos supuestos, para el MPF, los montos de las operaciones no tienen correlación con los niveles de ingresos monetarios de los encausados.
