ESCUCHARLa jueza de Garantías de San Nicolás, María Eugenia Maiztegui, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por el titular del Sindicato de Camioneros y concejal del Frente de Todos de la localidad, Maximiliano Cabaleyro, y por Fernando Espíndola, el secretario general del gremio en San Pedro.
Ambos están detenidos en la División de Investigaciones de la Departamental de la ciudad (DDI) desde el viernes pasado, imputados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo en contra de la empresa REY Distribución.
La magistrada le solicitó cupo al Servicio Penitenciario para que aloje a ambos dirigentes y en las próximas horas se resolvería su traslado.
Cabe recordar que luego de que ambos encausados se entregaran, el gremio que conducen Hugo y Pablo Moyano decidió convocar a un paro de actividades por tiempo indeterminado, cortar la recolección de residuos y bloquear el ingreso de camiones a San Nicolás.
La medida de fuerza duró hasta el domingo 10 de abril a la noche, cuando la empresa de recolección de residuos le comunicó al intendente local, Manuel Passaglia (Juntos por el Cambio), que iba a comenzar a levantar la basura que se acumuló en las calles de la ciudad durante tres días y algunos transportistas anticiparon que volverían a circular.
Tras el bloqueo de 48 horas que el gremio de Camioneros realizó en San Nicolás en protesta por la detención de los sindicalistas, un grupo de diputados del PRO presentó un proyecto para que se le quite la personería a la entidad que conduce Hugo Moyano.
En la iniciativa, Gerardo Milman, Fernando Iglesias y Waldo Wolff, entre otros, le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que “instruya al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a que tome las medidas necesarias para la cancelación de la personería gremial del Sindicato de Camioneros”.
Los legisladores reseñaron que el viernes 8 de abril la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás se expidió sobre el pedido de detención que la jueza Maiztegui libró contra Cabaleyro y Espíndola, dejando firme el fallo.
Los legisladores opositores plantearon que “como la Justicia avanzó contra los dirigentes y terminaron presos” el sindicato decidió bloquear el ingreso de camiones a San Nicolás, impidiendo además la recolección de basura y la limpieza de las calles.
Sobre la presencia de Moyano padre en el lugar, quien según los diputados viajó allí “para respaldar a los detenidos y los bloqueos”, alegaron que no puede permitirse que las asociaciones sindicales sean usadas como “instrumentos para proteger delincuentes, obstaculizar el accionar de la Justicia y tomar de rehenes a los ciudadanos”.
“Usar a los trabajadores para defender privilegios, delincuentes e intereses personales es inaceptable”, insistieron.
Cabe recordar que en noviembre de 2021 cinco dirigentes del Sindicato de Camioneros quedaron procesados como presuntos coautores del delito de coacción contra la empresa Andar Transportadora, cuyo depósito de Villa Soldati fue bloqueado en 2020 por unos 15 representantes gremiales, por una supuesta deuda con aquella organización.
La medida fue dictada por Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 10.
Uno de los encausados es Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte de Camioneros y secretario Gremial de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).
Los otros son Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, Diego Coria, Jorge Aguirre y Matías Paz.
El juez Caunedo consideró que todos afectaron la libertad de acción y de trabajo del querellante y de sus empleados, así como de los choferes que acudieron al predio y no pudieron concretar la entrega o el retiro de mercadería.
“Están suficientemente satisfechos los extremos objetivos del tipo penal de la coacción, en tanto se impidió, contra la voluntad de los afectados, la concreción de una actividad lícita”, enfatizó.
La abogada Florencia Arietto, representante de Andar Transportadora, definió al fallo como histórico, porque no hay antecedentes de un procesamiento por coacción a altos directivos de un sindicato por bloquear una empresa.
También indicó que lo novedoso es que sostiene que aunque haya una deuda de la empresa, el bloqueo no es un método legal para reclamar su pago.
