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La pasada semana la Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba ratificó la elevación a juicio por el homicidio y encubrimiento de ese delito respecto a Valentino Blas Correas. Aún no se confirmó qué tribunal será el encargado del juicio y tampoco, lógicamente, cuando se hará.
Trece policías se hallan imputados en dicha causa. Con solo 17 años en este mundo, Blas Correas halló la muerte en la madrugada del 6 de agosto del año 2020 mientras iba en un auto junto a sus amigos por nuestra ciudad y, supuestamente, eludieron un control policial frente al complejo Pablo Pizzurno. Los agentes dispararon contra el Fiat Argo blanco cinco veces. Uno de los disparos ingresó por la luneta, se incrustó en el omóplato de Valentino, quien iba en la parte de atrás del vehículo y murió minutos después. Otro adolescente fue herido en el suceso.
En realidad, les dispararon por no frenar ante las señas de uno de los uniformados, en un caso de exceso policial de uso de la fuerza y de gatillo fácil que se pretendió disimular luego simulando un enfrentamiento, plantando incluso un arma en el lugar.
Entre los uniformados implicados, las jerarquías van desde comisario inspector hasta agente. Dos cabos primeros son los acusados de los disparos; existen dos comisarios inspectores y dos subcomisarios imputados por encubrimiento agravado y otros delitos. Hay también un oficial inspector, cabos y un agente por el mismo hecho. La extensión de los grados muestra a las claras que las conductas de encubrimiento de esa noche tienen bastante que ver con una subcultura policial y no guardan ninguna relación con el modo y los valores con que debe actuar un policía, en Córdoba o en Alaska.
Para peor, el autor del disparo mortal contra Blas registraba un juicio pendiente en una causa por encubrimiento, acusado de proteger a un violador serial. El tribunal policial le había permitido continuar en función y portar armas. Otra causa, de 2013, por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves, “dormía el sueño de los justos”. Una situación no extraña para las causas sin preso.
No es fácil encontrar explicaciones de por que casos como el de Blas suceden recurrentemente con nuestra Policía. Más allá de una multiplicidad de factores, la deficiente formación de sus cuadros está en el centro del problema. Junto con ello, entre otras cosas, están la desidia y comodidad de quienes tienen que controlar y juzgar su accionar. La solución a esto no se va a encontrar haciendo, como nos tienen acostumbrados, modificaciones políticas formales, sino encarando otras profundas, sustanciales y sustentables en el tiempo.
Pero la actuación policial no es lo único que deja en evidencia este hecho. En otra causa paralela, tres empleados de una clínica de Nueva Córdoba también fueron enviados a juicio por no haberlo asistido en aquella fatídica madrugada. Se les imputa omisión de auxilio y abandono de persona.
Conforme la causa, el joven baleado por la Policía había llegado aún con vida a dicho centro de salud y una amiga de Blas ingresó al interior del sanatorio, gritando con desesperación que lo ayudaran. Pese a sus ruegos y llantos, uno de los empleados le indicó que allí no iban a poder atender al adolescente baleado porque “el hecho había ocurrido en la vía pública”. Las otras dos coimputadas, presentes en el lugar, guardaron absoluto silencio, sin brindar a nadie ningún tipo de auxilio.
Ante esto, los jóvenes regresaron al auto y arrancaron hacia el Urgencias, pero en la esquina de Chacabuco y Corrientes fueron cortados por otros móviles policiales, que les impidieron avanzar. Allí falleció Blas.
¿Qué lleva a tres personas del área de salud a negar atención a quien evidentemente la necesita de modo perentorio? Por omisión, la inhumanidad en el actuar corre pareja a quienes dispararon, aun siendo actos muy distintos en su materialidad, pero bastante cercanos en sus efectos: Valentino todavía tenía signos vitales y podía haber sido atendido y, quizás, salvado. Los tres se hallan libres, por el tipo de imputación.
Es por ello que la muerte de Valentino Blas Correas debe hacernos reflexionar primero, y actuar luego, sobre por qué este “no te metás” y el barrer la mugre debajo de la alfombra se halla tan extendido entre nosotros. Una generalizada renuncia a ejercer cualquier tipo de acto que pueda llevarnos a “tener problemas” aun cuando se halle obligado a actuar en tal sentido. Servidores públicos, con uniforme o sin él, que “no sirven”, que, si no actúan mal, se la pasan mirando a otro lado, sin importarles el daño que causen, con una absoluta falta de empatía por el otro. Así, no hay sociedad viable. Sería interesante y sano que, de una buena vez, se comience, empezando por las instituciones, a desmantelar las raíces de esta maldita forma de comportamiento.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
