ESCUCHAREl presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, Alfredo Cornejo, y la diputada radical Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley en ambas cámaras del Congreso que propone establecer el denominado “Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas”, con el fin de que el sistema sea más eficiente, transparente y menos costoso para los usuarios.
El objetivo de la iniciativa es reestructurar y modernizar el régimen actual, que tiene más de 60 años de vigencia.
La propuesta plantea la puesta en marcha de tecnologías que permitan simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites “con el fin de brindar un servicio eficaz a los contribuyentes”.
Los legisladores mendocinos explicaron que el articulado que presentaron busca dotar de mayor control y transparencia a los procesos que forman parte de la actividad de los registros de la propiedad del automotor.
“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo.
En el país hay más de 1.500 registros seccionales de la Propiedad Automotor dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Se trata de un servicio territorialmente desconcentrado cuya dependencia administrativa se inscribe en la órbita del Gobierno nacional.
Paralelamente, sostuvo que si los encargados de los registros tienen “vocación pública” continuarán en sus funciones como calificadores virtuales, a cambio de un sueldo, y que, en caso contrario, tendrían que dejarlos.
En tanto, Latorre expresó: “Proponemos modificar un sistema complejo y enmarañado para que sea ágil y transparente”.
En esa línea, manifestó que se trata de un servicio público de gestión privada que invirtió “poco en modernización y eficiencia” y recaudó “muchísimo”.
“A lo largo de décadas generó negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios”, se explayó.
Según el texto, se creará una Plataforma Única Registral del Automotor (PURA), que tramitará los documentos y expedientes electrónicos.
El proyecto plantea que la “virtualización facilitará la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información” y que, a la par, “se reducirán los plazos en las tramitaciones y se mejorará el seguimiento público de cada expediente”.
Ministerio de Justicia
Cabe destacar que en el país existen más de 1.500 registros seccionales de la Propiedad Automotor dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Se trata de un servicio territorialmente desconcentrado cuya dependencia administrativa se inscribe en la órbita del Gobierno nacional.
Jurisdicciones provinciales
La propuesta es cambiar ese esquema, transfiriendo a las jurisdicciones provinciales las estructuras organizativas necesarias para poner en marcha la digitalización de los registros por medio de la PURA.
La idea se enmarca en un régimen de transición hacia la virtualidad completa, con la transferencia de recursos a esas jurisdicciones para hacer frente a la tarea encomendada.
Según los impulsores de la norma, no debe afectarse la continuidad del servicio registral, ya que implicaría una afectación al tráfico mercantil y la seguridad jurídica.
Bajo esa premisa, el esquema que promueven prevé un régimen que garantice el funcionamiento actual mientras se trabaja en la transformación hacia un sistema más eficiente.
La figura de los encargados de registro tiene especial previsión. Perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales y otros) y se trata de un sistema atípico motivó controversias sobre el estatus jurídico de aquéllos, sus funciones y los aranceles que reciben.
“Este proyecto viene a traer claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que se encuentra delegado. La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo”, fundamentaron los autores del proyecto.
Aranceles
Cornejo y Latorre consignaron que, a la fecha, del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros, sólo 40% es para el Estado.
Su propuesta modifica el modo de recaudación, para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público.
“El contexto socio-político actual exige esta reforma sustancial del Régimen Jurídico del Automotor, que si bien ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, tiene más de seis décadas de existencia. El proyecto además se basa en el Plan de Modernización del Estado, aprobado en marzo de 2016 por el decreto 434, que promovía convertir al Estado en el principal garante de la transparencia y del bien común”, enfatizaron ambos legisladores.
“Es una necesidad cambiar el funcionamiento de los registros del automotor; es fundamental que todos los avances tecnológicos sean acompañados de las consiguientes modificaciones normativas, a fin de resguardar la seguridad jurídica y facilitarle las tareas al ciudadano”, concluyeron.
