ESCUCHAREl bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Senadores avanzará en las próximas semanas con el tratamiento del proyecto que reforma la composición del Consejo de la Magistratura, cuya tarea es la de control de actividad de los jueces y sus sanciones, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de la norma votada en 2006.
La decisión del oficialismo es avanzar este mes con la discusión del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Senado a principios de diciembre, semanas antes de que el supremo tribunal declarara inconstitucional la actual normativa que, en 2006, redujo el número de miembros del organismo de 20 a 13.
Los jueces, además, le encargaron al Congreso la sanción de una nueva ley que lo regule y le concedieron un plazo de 120 días corridos para que se elija a los nuevos miembros.
El fallo del 16 de diciembre último del máximo tribunal definió que la composición no respeta el “equilibrio” de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la la ley no se sanciona antes del próximo 14 de abril de 2022.
La intención del oficialismo era, originalmente, avanzar con la discusión del tema la próxima semana, pero el tratamiento del acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado en la madrugada de este viernes por Diputados, modificó los planes.
De hecho, las jornadas de mañana y el martes estarán dedicadas exclusivamente a ese tema, que podría ser llevado al recinto entre el miércoles y jueves.
No obstante, ya fueron conformadas las comisiones que deben discutir la nueva norma: Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.
Ambas estarán presididas por senadores del FdT: el jujeño Guillermo Snopek en Asuntos Constitucionales y el neuquino Oscar Parrilli en Justicia.
“Es un tema que debemos analizar y que comenzaremos a tratarlo. No podemos evaluar en cuánto tiempo. Pero será durante marzo”, anticipó Parrilli luego de asumir en la conducción de la Comisión de Justicia.
El senador oficialista, además, aseguró que “el fallo de la Corte no es correcto” y que los jueces se “excedieron en sus facultades” porque “no deberían haber declarado la inconstitucionalidad estando la ley plenamente en vigencia”.
“Hizo abuso de poder. Lo más atinado fue lo que hizo el Ejecutivo, que fue enviar un nuevo proyecto”, afirmó Parrilli.
Por su parte, la opositora porteña Guadalupe Tagliaferri reclamó que “la importancia del Consejo de la Magistratura requiere de un debate sincero y profundo”, y coincidió con Parrilli en avanzar con el tema antes de que termine marzo.
La oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti ya había anticipado la semana pasada, cuando fue designada al frente de la Comisión de Acuerdos, que el asunto se iba a empezar a debatir , además de cuestionar al máximo tribunal.
“Lo que hizo la Corte es inédito. Roza el golpe institucional. Es una ley que existía desde hace más de 16 años. Nunca la Corte dictaminó la inconstitucionalidad de toda una ley. Eso hace a la inseguridad jurídica de magistrados nombrados por esa ley que derogaron”, enfatizó.
Seguridad Jurídica. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo, con el objetivo de mejorar y agilizar los procedimientos de selección de magistrados.
La iniciativa suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales y a normas internas.
De este modo, el organismo quedará integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (hasta ahora eran dos), y se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados con competencia federal del interior del país, de los cuales al menos dos deben ser mujeres.
Habrá además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.
El estamento de los abogados tendrá 4 representantes (hasta el momento eran 3) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.
También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.
Además, hay otras iniciativas en la Cámara alta presentadas por la oficialista salteña Nora del Valle Giménez y otras tres presentadas por los representantes de Juntos por el Cambio (JxC) Alfredo Cornejo (Mendoza), Silvia Giacoppo (Jujuy) y Eduardo Vischi (Corrientes).
