ESCUCHARLa justicia de Guatemala inició un proceso en contra del ex presidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formación de una red de contrabando en las aduanas del país.
El caso es conocido como “La Línea” y fue descibierto en 2015 por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
También está procesada la ex vicepresidente Roxana Badeltti.
Las investigaciones de la Cicig y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad comenzaron en mayo de 2014, después de recibir denuncias de que varios grupos de importadores recibían trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al Fisco.
En el entramado habrían participado una treintena de altos funcionarios del Estado, incluyendo al capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de la vicepresidencia, y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria.
La pesquisa se denominó “La Línea” en referencia a un número de teléfono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios partícipes de los delitos.
Cuando trascendió el tenor de las actuaciones, se desató la llamada “Revolución de la Dignidad” y miles de guatemaltecos salieron a las calles exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos.
Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez dictó la prisión preventiva en su contra.
El juicio contra ambos políticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo “B”. Pérez Molina afirmó que espera demostrar su inocencia porque no existen pruebas en su contra.
Cabe destacar que un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) alertó sobre que en Guatemala las autoridades “están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”.
El organismo citó el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupción pero fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras.
Sandoval dejó Guatemala rumbo a El Salvador el 23 de julio pasado, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia.
Ahora vive en Washington, donde se refugió junto a otros ex funcionarios del Poder Judicial reconocidos en el ámbito internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas.
