ESCUCHARLa Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 10 de la ciudad de Buenos Aires, interinamente a cargo de Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, ampliaron la acusación por abuso sexual en contra del ex gobernador de Tucumán y ex senador nacional José Alperovich.
Consecuentemente, los agentes reiteraron el pedido de declaración indagatoria que plantearon en diciembre de 2020.
La denuncia que inició la pesquisa fue presentada en 2019 por una joven que trabajaba con el ex legislador y que tiene un vínculo familiar con él.
La causa se tramitó en dos jurisdicciones distintas: en el fuero criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires y en la Justicia tucumana.
A partir de mayo pasado, tras un fallo de la Corte Suprema, la totalidad del expediente se instruye en territorio porteño.
Los fiscales Vismara y Labozzetta citaron la decisión de la Máxima Instancia e hicieron hincapié en que ya reclamaron que Alperovich sea indagado por dos episodios de abuso sexual ocurridos en diciembre de 2017.
En base a los elementos de prueba recolectadas, ampliaron la acusación contra el encausado y requirieron que se lo llame a indagatoria por otros seis hechos que tuvieron lugar durante 2018, en la provincia de Tucumán.
Consideraron que lo expresado por la denunciante fue avalado por los informes y los peritajes psicológicos realizados en la causa, así como también por la Junta Médica y las declaraciones de distintas profesionales que hablaron con la joven.
Resaltaron, además, que varias personas declararon sobre el contexto en el que sucedieron los hechos y la forma en la que el imputado se manejaba con la víctima; inclusive, en el ámbito público.
“En su gran mayoría, los casos de abuso sexual como el presente se cometen en un ámbito de intimidad en donde no siempre es posible contar con testigos presenciales de lo ocurrido. Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades al momento de denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, remarcaron Vismara y Labozzetta.
Para los agentes, está claro que las constancias obrantes en el expediente (psicológicas, médicas), así como las testimoniales y el registro de las comunicaciones entre víctima y victimario le “proporcionan fuerza probatoria a los dichos de la damnificada”.
