ESCUCHARManuel Vázquez, quien fue testaferro del cordobés Ricando Jaime durante su paso por la Secretaría de Transporte de la Nación, fue excarcelado.
Pasó varios años detenido por su rol en el entramado de corrupción en esa área, entre 2002 y 2009.
Vázquez está preso desde el 2 de abril de 2016 (en esta última etapa, desde hace unos dos años, en prisión domiciliaria).
En el marco del juicio por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, en su alegato final, la fiscal Gabirela Baigún pidió cinco años y ocho meses de condena para Vázquez, por el cobro de coimas en el negociado de los trenes por medio de una consultora, y como testaferro de Jaime.
Además, solicitó que éste sea condenado a ocho años de prisión por varios delitos; entre ellos, enriquecimiento ilícito.
Para el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, reclamó la pena de cuatro años de prisión.
En el marco del juicio por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, en su alegato final, la fiscal Gabirela Baigún pidió cinco años y ocho meses de condena para Vázquez, por el cobro de coimas en el negociado de los trenes por medio de una consultora, y como testaferro de Jaime.
En todos los casos, pidió que los acusados sean inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos.
En caso de que sea condenado por el Tribunal Oral Federal 6, a raíz del pedido de pena, la defensa de Vázquez solicitó la excarcelación porque ya estuvo detenido la misma cantidad de tiempo que el solicitado por la fiscal.
Baigún no se opuso a la excarcelación de Vázquez, quien también pidió, sin éxito, el levantamiento de los embargos que pesan en su contra.
La fiscal sostuvo que esas medidas deben mantenerse ya que en su pedido de pena solicitó que a Vázquez se lo multe con la suma de 10.986.664,23 pesos y los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero respaldaron su criterio.
Vázquez deberá cumplir estas condiciones: no salir del país, fijar un domicilio del que no podrá ausentarse por más de 24 horas y presentarse en el tribunal cada vez que sea requerido.
Los jueces le comunicaron a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que puede dejar de monitorear la tobillera electrónica que servía para controlar que el encausado cumpliera con su arresto domiciliario.
