ESCUCHARVenezuela es el primer país de América Latina que será investigado por la Corte Penal Internacional (CPI): el fiscal Karim Khan abrió formalmente la pesquisa por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Kahn hizo el anuncio en Caracas, en el Palacio de Miraflores, durante la firma de un memorándum de entendimiento con Nicolás Maduro.
Luego de la suscripción del documento, en un acto televisado, el líder chavista dijo: “El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase, no compartimos la decisión, pero la respetamos”.
El acuerdo que suscribieron Khan y Maduro indica que concluyó el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 y precisa que, sin sospechosos ni objetivos identificado a la fecha, la investigación que comenzará ahora tiene por fin “determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
En diciembre del año asado, la antecesora de Khan, Fatou Bensouda, concluyó que había suficientes evidencias sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Luego un examen preliminar sobre la situación, Bensouda estableció que había fundamentos para creer que “al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno” del país caribeño cometieron los crímenes de lesa humanidad de encarcelación, tortura, violación y “otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad en motivos políticos”.
En un comunicado, enumeró las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro cuyos miembros son presuntamente responsables de los delitos, a saber: la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); la Fuerza de Acciones Especiales (FAES); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El documento también hace referencia a las milicias paramilitares al servicio del régimen que comanda Maduro, conocidas como “colectivos”, y precisa que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
Sobre el presunto rol de aquellos esos actores, la Fiscalía aclaró que los casos potenciales identificados no estarían limitados a ellos y adelantó que se examinará el rol de “los máximos responsables”.
La persecución política también está incluida en el reporte. Al respecto, Bensouda consignó que los datos disponibles indican que “individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores o gente percibida como tal”.
Cabe recordar que la semana pasada, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió asilo en España y aportó documentos en los que asegura que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas del régimen de Maduro.
Según Ortega Díaz, en marzo de 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional porque el Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes.
La mujer sostiene que Maduro tomó represalias contra ella y su familia, sometiéndola a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física y que por ello salió del país y se refugió en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018.
Precisó que, paralelamente, adelantó gestiones ante la CPI en las que sustentó con probatoriamente la violación sistemática de DDHH por parte del régimen chavista contra el pueblo venezolano, presos políticos y ciudadanos.
Ortega Díaz señaló que ese trámite originó nuevos ataques y amenazas en su contra y que, por eso, y que decidió trasladarse a España y solicitar asilo.
Concretamente, argumenta que en Colombia sentía temor por su vida dado que ambos países comparten una amplia frontera que es permeable al libre tránsito.
Añadió que España está más cerca de La Haya, lo que facilitaría el impulso de su denuncia ante la Corte Penal Internacional.
La antecesora del actual fiscal Tarek William Saab huyó hacia Colombia dos semanas después de haber sido destituida por la Asamblea Nacional Constituyente chavista. Se desplazó a Bogotá tras llegar a Aruba en una lancha.
